Durante la Operación Falcón, en el que el Ministerio Público imputa a cerca de 21 personas de ser parte de una red de narcotráfico y lavado de activos, las estaciones de combustibles se destacan entre las actividades comerciales en que los acusados tenían inversiones.
Al menos seis de estas estaciones o bombas, tres en el Este y otras tres en la zona norte, se mencionan en el documento de solicitud de medida de coerción contra el grupo, al que se le atribuye estar operando en el territorio dominicano desde antes de 2012 y de haber realizado inversiones por 10,000 millones de pesos, una cifra que los fiscales adelantan puede ser mucho mayor.
Solo en la adquisición de una estación de combustible los montos a invertir pueden superar los dos millones de dólares (unos 112 millones de pesos) según estima el presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), Juan Matos.
Señala que la cantidad de dinero que se mueve en estos negocios, sobre todo en efectivo, es uno de los principales atractivos para que los narcotraficantes quieran invertir en ellas.
El monto referido, aclara, depende del lugar donde esté ubicado el negocio, pues no será igual en una zona de alto tránsito como la metropolitana, a una zona rural. También incide el tipo de comercio que acompañe a la estación de combustible.
Para el casco urbano, Matos entiende que las ventas pueden andar entre los 3,000 galones diarios y los 800 galones en zonas rurales. Calculados a los 120 pesos que cuesta un galón de gasolina regular, los 3,000 galones equivalen a unos RD$360,000 al día. De esa cantidad, estima que alrededor del 30 % se maneja en efectivo.
Matos asegura que Anadegas tiene filtros para dar entrada en su organización a quienes adquieran una estación. Aclara, sin embargo, que una persona que sea legislador o funcionario se presume que es honesto, pues “si las autoridades del Gobierno no lo saben, que tienen más acceso a informaciones, pues nosotros mucho menos”.
En la solicitud de medida de coerción se refiere las intenciones de compra de una estación, por un monto de 120 millones de pesos, de parte del supuesto cabecilla de la red, identificado como Erick Randhiel Mosquea Polanco, al que definen como un poderoso y temido narcotraficante internacional.
El documento detalla cómo coordina la compra de combustibles para pagarlos por adelantado, en transacciones que pueden ser en depósitos diarios o en efectivo en dólar si se aceptan.
Citan el requerimiento de dinero en sobres que Juan José de la Cruz Morales, otro de los supuestos cabecillas y vinculado a tres de las estaciones en el Este, le hizo a Julio César Jiménez, paquetes que estarían en la estación de combustible. El requerimiento de dinero se repite en varias ocasiones.
Además de la Operación Falcón, las estaciones de combustible se destacan entre los negocios que las autoridades se han incautado por casos de narco y lavado de activos, uno de los más sonados es el de Quirino Ernesto Paulino, al que le incautaron una bomba en la avenida Independencia.
La modalidad no es exclusiva de República Dominicana. En la región se destaca el caso de Colombia, donde el fiscal general declaró en 2019 que investigaban 33 estaciones de combustible relacionadas a ventas irregulares para favorecer actividades del narcotráfico.
Señalaron el hecho de que algunas estaciones reportaban ventas mayores que el consumo real que podían estimar en función del flujo de vehículos.
“En Colombia parece que tenemos más estaciones de gasolina que población, hemos cruzado bases de datos y hemos encontrado 33 estaciones de servicio de gasolina, a través del Big Data, que presentan comportamientos atípicos de ventas, los cuales se encuentran reoreferencialmeme sobre los sitios de los cultivos de coca”, declaró el fiscal Néstor Humberto Martínez, citado por el medio W Radio.
El ex director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Rolando Rosado Mateo, entiende que la tendencia del narcotráfico a invertir en las estaciones de combustibles se debe a dos factores fundamentales; primero la seguridad en niveles de beneficio y rentabilidad del negocio, y segundo, los niveles de corrupción para la permisología, que resulta difícil pagar a los narcos.
Agrega otro factor que se refiere a la debilidad en el sistema de supervisión y control. “Las autoridades no intervienen esos negocios para determinar de dónde provienen los recursos para la instalación. No se hacen esas indagatorias para investigar” dice el oficial, que se queja de que no se aplique la Ley 155-17 pese a lo completa de esa legislación.
Rosado Mateo recuerda que la inversión en negocio lícitos es una salida para ocultar los grandes beneficios que puede generar la actividad del narcotráfico, la que define como uno de los de mayor rentabilidad.
Para ilustrarlo, indica que, un kilo de droga que se puede comprar en campo en Colombia en 3,000 dólares, puede llegar a costar 10,000 en un país puente como República Dominicana, donde ese mismo kilo es mezclado con otros productos y convertido en tres, resultando el kilo inicial en 30,000 dólares.
“Ese proceso ocurre cuando esa misma droga llega a Europa o Estados Unidos, que le hacen otro corte (mezcla) y hacen otros tres de cada kilo, lo que eleva el monto a 90,000 dólares”, detalla.
