“Golpe de Estado técnico” en El Salvador: la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyó esta sábado al fiscal general, Raúl Melara, y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Dentro y fuera de las fronteras salvadoreñas, varias voces se alzaron para advertir de la deriva antidemocrática que podría suponer este desequilibrio de poderes
La primera medida de la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador atacó directamente a los contrapoderes habituales del sistema democrático. El Parlamento, de mayoría oficialista, destituyó este sábado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del país, unas instancias y funcionarios que habían investigado y emitido veredictos contrarios a las políticas del presidente Nayib Bukele.
La medida, que afecta a los cinco jueces titulares y a los cuatro suplentes de la Sala, ha salido adelante a toda prisa, sin el trámite parlamentario habitual. Ostentando la mayoría absoluta partidaria a Bukele, fueron 64 legisladores de 84 los que votaron por la destitución de los magistrados, que habían sido elegidos por anteriores legislaturas.
Según el oficialismo, la destitución de los funcionarios judiciales se debe a que son partidistas. En el caso del fiscal, Raúl Melara, elegido en enero de 2019, estaba acusado de tener vínculos con uno de los partidos opositores, Arena. Sin embargo, Melara siempre negó estas acusaciones: “No tengo ninguna vinculación ni de tipo material ni de tipo formal con ningún partido político” y “niego que haya existido una donación directa a Arena”, dijo a periodistas.
Así no se hace. https://t.co/p2rcz49bvA
— Juan S. Gonzalez (@Cartajuanero) May 2, 2021
Para Medrano, esta situación solo es “la ambición de control total concretada”, lo que significa que “buscan no tener ningún control ni poder que pudiese frenar acciones arbitrarias e ilegales”.
El país se queda sin contrapesos políticos
La decisión preocupa por atacar el equilibrio de poderes en el país. Recientemente, el alto tribunal había frenado unos decretos impulsados por Bukele relacionados con la emergencia sanitaria, uno de lo múltiples choques entre el Ejecutivo y el sistema de justicia salvadoreño.
Con los magistrados destituidos, la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa aprobó unos nuevos jueces para la Sala de lo Constitucional y un nuevo fiscal general. La oposición teme que, así, el poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo quede favorable a Bukele.
Minutos después de la votación en la Asamblea, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la decisión por atentar contra el sistema de gobierno. “Una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala”, dice el fallo.
Ahora, el país se encuentra en pleno duelo de legitimidades entre los magistrados que rechazan su destitución y los nuevos aprobados por la Asamblea Legislativa.
El presidente Bukele celebró la decisión del parlamento y reivindicó en Twitter que la mayoría oficialista en la cámara surgió del voto popular: “El pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo: ¡Destituidos!”. Además, ante las críticas de Gobiernos extranjeros, describió los hechos como una “limpieza de la casa”.
Un “golpe de Estado técnico”
Analistas y defensores de derechos humanos advirtieron que, con la destitución de los magistrados constitucionales, el país se queda sin contrapesos para controlar las acciones del Gobierno y de la Asamblea Legislativa. “La Corte Suprema es la instancia a la cual recurrir ante hechos de abusos de poder y violación a derechos constitucionales. Desmantelarla por decreto es dejar sin protección a la ciudadanía y romper de un golpe el necesario control interinstitucional entre los tres poderes del Estado”, dijo Celia Medrano, candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, advirtió que la situación podría agravarse si se ven involucradas las fuerzas de seguridad en la previsible crisis que enfrentará el país. Para Escobar, la decisión de deponer a los magistrados podría considerase una “ruptura del orden constitucional” y un “golpe de Estado técnico”.
El mismo director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se pronunció contra la destitución de los magistrados y sentenció con dureza: “el golpe al Estado de derecho es total”.
La decisión de la Asamblea del país centroamericano también ha recibido las críticas de la Administración de Joe Biden a través de Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente de Estados Unidos. La Administración demócrata quiso dejar claro que la posibilidad de una “relación fuerte” con El Salvador está supeditada a que el Gobierno de Bukele respete la separación de poderes democrática.
A pesar del desdén de Bukele y el llamado a que los poderes extranjeros se abstengan de opinar sobre la situación salvadoreña, una mala relación de El Salvador con Estados Unidos podría suponer un grave contratiempo para el joven dirigente centroamericano, quien se encuentra en plena gestión y negociación con la potencia norteamericana de la crisis migratoria.
Con EFE, AFP y medios locales
