Bartolo García
Santiago, RD. – El dirigente político y ex procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, expresó su preocupación frente al incremento de los denominados intercambios de disparos y ejecuciones extrajudiciales en distintos puntos del país.
A su juicio, estas prácticas constituyen una amenaza directa al Estado de derecho y vulneran de manera grave la política criminal que debe regir en una nación democrática.
Domínguez Brito advirtió que, de confirmarse los hechos denunciados, el país estaría ante un escenario de deterioro institucional, con consecuencias devastadoras para la confianza ciudadana y la estabilidad social.
“Se están matando personas inocentes, se violenta el Estado de derecho, y lo más alarmante es que en algunos casos son agentes policiales al servicio de carteles del microtráfico quienes ejecutan a otros miembros de estas redes para controlar el mercado”, manifestó el dirigente político.
El ex procurador resaltó que la vinculación de agentes del orden con el microtráfico y las redes criminales refleja una fractura peligrosa en las instituciones de seguridad y justicia del país.
Recordó que la legitimidad del sistema democrático se sostiene en la igualdad ante la ley y en la garantía de que la vida humana sea respetada en todo momento, sin importar la condición social o los antecedentes de las personas.
Domínguez Brito propuso como parte de las medidas inmediatas la realización de jornadas intensivas de interrogatorios con polígrafo a los agentes involucrados en incidentes de este tipo.
Señaló además que cada miembro de las fuerzas del orden debería portar una cámara corporal (bodycam), lo que permitiría transparentar sus actuaciones, garantizar la protección de la ciudadanía y al mismo tiempo ofrecer seguridad jurídica a los propios agentes.
“Urge que investiguemos a fondo lo que está sucediendo. No podemos permitir que la corrupción y la impunidad se enquisten en los cuerpos responsables de velar por la paz pública”, puntualizó.
El dirigente político aseguró que la adopción de estas herramientas fortalecería la efectividad de la Policía Nacional y contribuiría a restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado.
Subrayó que una política criminal moderna debe estar orientada a la prevención, la investigación rigurosa y el respeto absoluto a los derechos fundamentales.
Finalmente, Domínguez Brito reiteró su compromiso con la construcción de una sociedad más justa, en la que las instituciones actúen conforme a la ley, con transparencia y en beneficio de toda la ciudadanía.
Concluyó afirmando que el combate al crimen organizado requiere no solo tecnología y protocolos, sino también la voluntad política de proteger la vida humana y la integridad del Estado democrático.
