POR VÍCTOR GARCÍA
La economía dominicana tiene más de 50 años en franco crecimiento, una
de las de mayor crecimiento en América Latina y en el mundo, según la
Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).
Uno de los elementos que incide en ese crecimiento es la inversión
extranjera, gracias a la seguridad jurídica y a la estabilidad
democrática del país.
Dentro de ese renglón está la actividad minera. La extracción de
recursos minerales del suelo y subsuelo, facilitan la satisfacción de
las necesidades de la población, generando a su vez, ganancias para
los explotadores de las minas, así como ingresos a la nación.
Según datos del Banco Central, la actividad minera de la República
Dominicana en el año 2020 aportó al Producto Interno Bruto (PIB) un
2.0%, equivalente a RD$ 89,231.2 millones.
Entiendo que nuestro país tiene leyes que promueven e incentivan la
inversión extranjera; por tal razón, no creo que ninguna empresa
minera, ya sea nacional o extranjera, estaría violando la Constitución
de la República ni las leyes que regulan la exploración y explotación
minera. Todo lo contrario, es la misma Carta Magna en su Artículo 17,
que tácitamente instituye lo siguiente: “Los yacimientos mineros, de
hidrocarburos y en general los recursos naturales no renovables, sólo
pueden ser explorados y explotados por particulares, bajo criterios
ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos,
licencias, permisos o cuotas en las condiciones que determine la ley.
Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables
de manera racional, con las condiciones, obligaciones y limitaciones
que disponga la ley. “Qué es un estudio de impacto ambiental? Un
estudio de impacto ambiental es un estudio de carácter
interdisciplinario destinado a promover, identificar, evaluar y
cambiar los efectos en el ambiente que ciertas acciones pueden tener
con relación a la calidad de vida de los individuos y sus entornos.
Hay 10 razones por las cuales es imperante, oportuno y necesario la
realización del estudio de impacto ambiental sobre el proyecto Romero,
como única garantía de preservar y garantizar la biodiversidad
existente en la provincia San Juan:
- Determinará las posibles afectaciones al clima, la biodiversidad,
las poblaciones aledañas y la urbe. - Contribuirá positivamente sugiriendo formas de evitar, o bien
reducir, los peligros y acrecentar los beneficios de la intervención a
evaluar. - Garantizará plenamente que se tengan en cuenta soluciones más
sostenibles y de menor riego social y ambiental. - Promoverá la transparencia, la participación y el pleno compromiso
de todas y cada una de las partes interesadas en la toma de
decisiones. - No se tomará como un simple trámite o requisito para la ejecución
del proyecto. - Se aplicarán las mejores prácticas con metodologías y técnicas
apropiadas al sujeto de estudio. - Obtendrá información pertinente y confiable para la toma de decisiones.
- Dará con las soluciones alternativas de menor costo en tiempo y dinero.
- Involucrará en su investigación a todos los grupos de interés.
Aquí entrarán la Academia de Ciencias de la República Dominicana,
técnicos calificados de las universidades nacionales públicas y
privadas y los directivos del Comité Pro Agua y Vida de San Juan de la
Maguana.
- Tomará en cuenta las consecuencias que habrán sobre el
medioambiente, tanto a corto como a largo plazo.
El autor es un humilde ciudadano de la ciudad de San Juan de la Maguana.
