San Pedro de Macorís, RD. (EFE).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís impuso tres meses de prisión preventiva a la suspendida coordinadora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de esa ciudad, Margarita Hernández Morales.
Hernández fue apresada en el transcurso de la investigación por las presuntas irregularidades que habría cometido durante el proceso judicial seguido contra Yasmil Óscar Fernández, quien luego de obtener su libertad tras la firma de un acuerdo, asesinó a su expareja Anibel González y luego se suicidó, en San Pedro Macorís en agosto pasado.
El Ministerio Público informó que logró la imposición de medidas de coerción contra la suspendida fiscalizadora Hernández Morales, luego de presentar unas 30 evidencias documentales y testimoniales de siete personas, mediante las cuales se ha establecido su vinculación a los delitos de asociación de malhechores, soborno, prevaricación, falsificación de documentos y uso de documentos falsos.
La suspendida funcionaria judicial cumplirá la medida de coerción en el centro Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
La Fiscalía de San Pedro de Macorís, que dirige la fiscal Idalia Jiménez, estuvo representada por la fiscal Olga Lidia Coss, quien logró que fuera acogida la petición del Ministerio Público luego de presentar evidencias que relacionan a la imputada con acciones que constituyen una violación a los artículos 265, 266, 126, 127, 147, 148, 177 y 178 del Código Penal Dominicano.
De acuerdo a la acusación, varias semanas antes de ocurrir el crimen de Juana Domínguez Salas, el pasado 4 de noviembre en la misma ciudad de San Pedro de Macorís, el Ministerio Público había iniciado la investigación del proceso judicial seguido contra su victimario, Johan Manuel Ramírez, quien en circunstancias similares le provocó la muerte a su pareja luego de ser beneficiado con un acuerdo, que igualmente fue homologado por un juez.
En el caso de Anibel González, la encartada Hernández Morales se habría asociado al abogado Alexis Chanel Aponte Montás para cometer el ilícito de falsificar el acuerdo y presentarlo como válido ante el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís en juicio oral, público y contradictorio, lo cual además de constituir una violación a leyes penales, también constituye una violación a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Mientras que en el caso de Juana Domínguez Salas, quien murió a consecuencia de asfixia por sofocación que le habría ocasionado su expareja Johan Manuel Ramírez, el Ministerio Público indicó que pudo establecer que dicho imputado, quien cumple prisión preventiva por el crimen, le habría entregado a Margarita Hernández Morales 150.000 pesos para ser beneficiado con un acuerdo penal abreviado.
El Ministerio Público dijo que el acuerdo mediante el cual el imputado Ramírez obtuvo su libertad habría sido firmado por Hernández Morales y el abogado del hoy feminicida Ramón Leonardo Sánchez Reyes, de la misma oficina de abogados de Aponte Montás, al tiempo de señalar que profundizan las investigaciones.
