Por Narciso Pérez
Santiago, RD. – La oficina de abogados Ulloa & Asociados ha levantado la voz ante lo que consideran una grave inacción de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en relación al expediente número 00-4-2024-PRAD-00002. Este caso, que involucra una solicitud de declinatoria por sospecha legítima presentada por Victorino Antonio Hernández, ha quedado en un limbo jurídico, dejando sin resolver una controversia legal que ha afectado profundamente a su cliente.
Según un comunicado emitido por la firma Ulloa & Asociados, la solicitud fue sometida ante el Pleno de la Suprema Corte en enero de este año, dirigida contra los jueces del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, con sede en El Seibo. Sin embargo, pese a la gravedad de los hechos denunciados, la SCJ no ha dado ningún paso para conocer el caso. “La instancia ha sido lanzada al zafacón del olvido,” critica la firma, alertando que mientras la Suprema Corte no tome una decisión, ningún otro tribunal puede avanzar en el caso de Hernández.
Este retraso no es solo una cuestión burocrática; tiene implicaciones reales y profundas. La firma Ulloa & Asociados subraya que la SCJ tiene la capacidad de remitir el caso a otro tribunal competente, como los Tribunales Superiores de Tierras de la región Nordeste, del Norte o del Departamento Central. Sin embargo, la falta de acción de la corte ha dejado a Hernández en una situación de indefensión, sin posibilidad de que su caso sea evaluado adecuadamente.
Victorino Antonio Hernández ha sido víctima de lo que Ulloa & Asociados describe como “un complot típico de una asociación de malhechores”, en el cual comerciantes y operadores del sistema judicial, en complicidad con intermediarios inmobiliarios, lo despojaron de su propiedad, una parcela identificada como 67-B-4-484 en el Distrito Catastral 11/3, del municipio de Higüey.
La gravedad del caso se amplifica por las acciones del juez Manuel de Jesús Sánchez Ceballos, quien, mediante la sentencia número 2020-00215, emitida el 8 de julio de 2020, adjudicó de manera misteriosa la propiedad en disputa a Diego Calderón Mercado, el primer titular, ignorando que el inmueble había sido traspasado cinco veces, sin que ninguno de los propietarios subsiguientes, incluido Hernández, fuese demandado. Además, el juez validó un supuesto acto de venta de 2006, registrado en 2020, en el que Calderón Mercado vendía la propiedad a Inversiones Tropicaribe SAS, sin cumplir con los requisitos legales de inscripción ante la Dirección General de Impuestos Internos ni el Registrador de Títulos de Higüey.
Esta sentencia permitió la transferencia de la propiedad de Hernández a la empresa mencionada, lo que según Ulloa & Asociados es parte de un patrón de comportamiento del juez Sánchez Ceballos. De hecho, el magistrado ya ha sido objeto de varias querellas disciplinarias, y actualmente está pendiente de fallo el expediente número 2021-010538, que contiene una querella contra él presentada ante el Departamento de Inspectoría Judicial de la Suprema Corte de Justicia.
A las acciones del juez Sánchez Ceballos se suman las de otros magistrados, como Keila Elizabeth González Belén y otros jueces del Tribunal de Tierras del Departamento Este, quienes también han sido señalados en la solicitud de declinatoria presentada por Hernández. Ulloa & Asociados concluye que la demora en la respuesta de la Suprema Corte no solo afecta a su cliente, sino que pone en riesgo la integridad del sistema judicial, permitiendo que casos como este queden atrapados en un limbo sin resolución.
