Por JUAN TAVERAS HERNANDEZ
El pueblo dominicano tenía más hambre de justicia, que de pan. La gente se lanzó a las calles, llenó plazas y parques en todo el territorio nacional exigiendo justicia, que los depredadores del erario fueran sometidos, condenados y despojados de los bienes que impunemente se robaron durante más de 20 años.
Aun retundan en mis oídos las promesas del entonces candidato presidencial Luís Abinader de enviar a los tribunales a los corruptos para que pagaran sus culpas: “No habrá impunidad para la corrupción del pasado, ni tampoco para la que se cometa en el futuro”, dijo el mandatario durante su discurso de toma de posesión, hace más de tres años. Y lo reiteró, una y otra vez, tras el juramento ante Dios y ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.
No tengo dudas sobre el interés del presidente Abinader de combatir y condenar la corrupción en todas sus manifestaciones. Pero, creo que pecó de ingenuo. No era posible hacer justicia con un Sistema hipertrofiado por los vicios del peculado. Para salir airoso de la lucha contra el saqueo y el robo de los bienes públicos era absolutamente necesario producir cambios profundos, radicales, incluso, en toda la estructura judicial, desde abajo, hasta arriba. No bastaba, lo he dicho otras veces, con nombrar a la honorable magistrada Mirian Germán como jefa del Ministerio Público, que ha sido desbordada.
La independencia del Ministerio Público no la da una persona, por muy capaz y honesta que sea, cuando todos los demás fiscales, absolutamente todos, le deben sus cargos a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que se convirtió en un partido hegemónico, controlando todos los poderes del Estado, incluyendo los poderes fácticos, como el empresariado, la prensa, las iglesias, etc. El PLD se convirtió en una Corporación Económica y Política. Se blindó a través del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura, las “Altas Cortes”, la Suprema Corte de Justicia y todos los tribunales. No era posible hacer justicia sin destruir ese andamiaje judicial. Había que derribar esa estructura levantada para garantizar la impunidad de los políticos corruptos que hoy exhiben sus fortunas con el mayor descaro. Y lo peor de todo, el presidente Abinader no puede, amparado en la Constitución y las leyes, hacer más de lo que ha hecho. Mirian Germán, tampoco. Esa Constitución y esas Leyes, aprobadas por los legisladores del PLD, terminan protegiendo a los delincuentes de la política. (Para eso se aprobaron, para crear un bunker jurídico que los protegiera de la indignación, la rabia y la impotencia del pueblo, al ver que es el propio Sistema de Justicia el que protege a los ladrones)
(No olvidemos que el Ministerio Público es uno e indivisible, que, salvo Mirian Germán, todos los demás fiscales, al igual que los jueces, fueron designados por los gobiernos corruptos del PLD; que están protegidos por una ley creada por el PLD. Ese “pequeño” detalle no puede ser ignorado)
Es fácil decir lo que estoy diciendo, valga la redundancia, pero difícil es hacerlo en una sociedad tan permeada y corrompida como la dominicana, donde el que se roba un peso es un ladrón, que termina en prisión, pero el que se roba un millón o miles de millones, es un señor intocable, que en vez de ir a la cárcel se convierte en diputado, senador, alcalde o presidente de la República.
El primer periodo constitucional del presidente Abinader termina el año próximo sin que hasta el momento los casos que se encuentran en la justicia estén cerca de terminar, adquiriendo el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. El Ministerio Público parece estar estancado. La mayoría de los exfuncionarios presos han logrado variación de las medidas de coerción impuestas. No es verdad que los expedientes hayan estado “blindados”. Mucho “allante y movimiento”, pero nada más. Expedientes de más de dos mil y tres mil páginas que alargan los procesos hasta perimir. Todos los exfuncionarios y parientes del expresidente Danilo Medina están en sus hogares. Los expresidentes Medina y Fernández no han pasado ni cerca de un tribunal; ni siquiera han hecho una visita de “cortesía” al Palacio de Justicia para tomarse un “cafecito” con la magistrada Mirian Germán.
Algunos casos llegan a mi memoria: Odebrecht, Visitas Sorpresas, Super Tucano, Fundación Global, Sun Land, sobrevaluación de túneles y elevados, sobrevaluación del Palacio de Justicia y de la Suprema Corte de Justicia, PEME, entre muchos otros, que hoy son parte del pasado borroso. Durante 20 años la corrupción no se detuvo en la puerta de ningún despacho. Sin embargo, nadie ha pagado las consecuencias del saqueo a que fue sometido este pueblo.
No me siendo burlado, me siento decepcionado. Pensé que, a estas alturas del gobierno, más de tres años, muchos estarían sentenciados. Pensé que el Estado habría recuperado más de 40 mil millones de pesos de lo robado, que bien pudieron usarse para ayudar a los damnificados provocados por las lluvias torrenciales del pasado fin de semana, sin tener que acudir a nuevos préstamos.
Me temo que terminaran los cuatro años del gobierno del cambio sin que nada haya cambiado en la justicia, porque la impunidad sigue imperando como una burla para los que, como yo, y como la mayoría de los ciudadanos, salimos a las calles a exigir que los delincuentes de la política terminen en la cárcel, como se nos prometió.
En lo hechos, mis queridos lectores, estamos frente a otro “borrón y cuenta nueva”, muy a pesar del presidente Luís Abinader y de la Procuradora Mirian Germán. Pero no importa, porque como decía mi padre: “algún día ahorcan blanco”, es decir, algún día habrá justicia para todos, no sólo en contra de los pobres que hoy abarrotan las cárceles del país.
