Santo Domingo, R.D. – Un proyecto de ley presentado en el Senado por el senador Alexis Victoria Yeb busca combatir con mayor rigor los delitos relacionados con la transferencia ilícita de propiedades, allanamientos ilegales y la ocupación fraudulenta de bienes inmuebles, tanto públicos como privados.
La propuesta, en respuesta a las numerosas denuncias de despojo y fraude inmobiliario que han llegado al Ministerio Público, establece penas de prisión que podrían alcanzar los 12 años, así como multas de hasta 500 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad del caso y de las circunstancias agravantes.
Principales disposiciones
Entre las acciones sancionadas destacan la falsificación de documentos para transferir propiedades, la ocupación ilegal de terrenos y el uso de violencia o amenazas para despojar a propietarios legítimos de sus bienes. También se penalizan las expropiaciones fraudulentas realizadas por funcionarios públicos, con penas de hasta 12 años de prisión.
El artículo 9 del proyecto tipifica la transferencia ilícita de propiedad inmobiliaria, imponiendo penas de 4 a 8 años de prisión y multas de 50 a 80 salarios mínimos a los responsables. En casos agravados, como la afectación de personas vulnerables o el uso de violencia, las sanciones aumentan significativamente.
Por su parte, el artículo 13 introduce el delito de expropiación fraudulenta, dirigido a funcionarios que se beneficien de manera indebida durante estos procesos. Las penas oscilan entre 5 y 12 años de prisión, con multas de hasta 500 salarios mínimos.
Agravantes y reincidencia
El proyecto establece condiciones agravantes para estos delitos, como cuando las víctimas sean menores, envejecientes o personas con discapacidad, o si se utiliza violencia, armas o extorsión. Además, se sancionará con mayor severidad a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional involucrados en estos actos.
Impacto en la seguridad jurídica
El abogado César Amadeo Peralta explicó que esta legislación responde al aumento de casos de fraude inmobiliario, que han socavado la seguridad jurídica y ahuyentado inversiones en zonas turísticas y urbanas del país. Según Peralta, “estos delitos suelen implicar falsificación de documentos y ocupación ilegal, dejando a las víctimas desprotegidas”.
Fortalecimiento del marco legal
De ser aprobado, el proyecto busca disuadir a las personas y grupos que operan como carteles del despojo de propiedades, restableciendo la confianza en el sistema legal y protegiendo tanto a inversionistas como a propietarios individuales.
Con esta legislación, se espera no solo sancionar con rigor estos delitos, sino también prevenir prácticas fraudulentas que afectan la seguridad jurídica en República Dominicana.
