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Banco Popular

El coronel Núñez de Aza era el cerebro financiero del entramado corrupto organizado por Adán Cáceres para defraudar dinero del erario público, establecen las autoridades del Ministerio Público.

Altice

Según el expediente del Ministerio Público, este se desempañaba como Encargado Financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, lo que le permitía al imputado Adán Cáceres mantener un control discrecional y poco estricto de los fondos que administraba, los cuales ascendieron a unos RD$3,000,000,000 durante los ochos años de gestión.

“Un ejemplo del manejo administrativo que le permitía apropiarse de los dineros públicos se evidencia en irregularidades encontradas en la nómina del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y en la compra discrecionales de “supuestos alimentos” durante el período 2012-2020, que pueden observarse en el informe marcado con el núm. IN-GGR-2020-004088, de fecha 08 de diciembre del 2020, los cuales continúan bajo la investigación y auditoria de los equipos financieros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)”, establece el expediente.

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Además menciona el certificación de No. 00133, emitida por la Tesorería Nacional, en fecha 29 marzo del 2021, el cual indica que el imputado Rafael Núñez de Aza, desde el año 2004 hasta el año 2021, manejó un monto total de RD$15,737,341.24 de diferentes instituciones, como Ejército, Cuerpo Especializado de Seguridad turísticas, la Policía Nacional, y Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial y Ministerio de la Presidencia.

Dice la Pepca que los imputados Rafael Núñez de Aza y Adán Benoni Cáceres Silvestre colocaron millones de activos en la banca nacional creando certificados financieros en pesos dominicanos y dólares estadounidenses que le servían de soporte para tomar préstamos que eran pagaderos en tiempo récord, sin tocar nunca los valores de los certificados.

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Esto llamó la atención del Ministerio Público, ya que “la incongruencia de recibir un aproximado de un 5% anual de intereses por un certificado financiero, mientras que un préstamo en esa misma entidad bancaria paga 20% de interés lo que no es rentable, a menos que se esté detrás de una maniobra fraudulenta de lavado de capitales y de esta forma”.

Como experto financiero, Rafael Núñez de Aza obtenía prestamos de forma recurrente, dejando certificados financieros y fondos de inversiones fijos por más de cinco años, dice el Ministerio Público.

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