El Ministerio Público depositó la noche de este viernes ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional cinco contenedores con los expedientes acusatorios contra 13 imputados en la Operación Coral 5G, para los cuales solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y la declaración del caso complejo.
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) encabezó la numerosa comitiva del Ministerio Público que llegó a la dependencia judicial pasadas las 9:00 de la noche.
“El Ministerio Público sigue ampliando esta investigación, esta segunda fase del caso Coral apenas comienza y vamos a ver qué sucede”, explicó la fiscal, al conversar con la prensa a su salida.
Sostuvo que esta solicitud de medida de coerción cuenta con más de seiscientas (600) páginas y setecientos (700) medios de pruebas documentales que han sido depositados.
“Por lo que, una vez más, confirmamos y ratificamos que tenemos un caso blindado, un caso fuerte”, expresó Ortiz.
Entre las evidencias, el Ministerio Público menciona documentos bancarios, títulos de propiedad, bienes inmuebles decomisados y una serie de elementos probatorios.
La supuesta red de militares del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos RD$4,500 millones en propiedades y productos financieros, según la investigación que tiene en desarrollo el Ministerio Público.
A la red, integrada por oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se le ocupó hasta el momento 125 propiedades.
En documentos sobre la investigación, se identifica a 13 del grupo. Aunque las autoridades han advertido que la lista podrían ampliarse aún más, según vayan avanzando las indagatorias.
Entramado en Cestur
Los miembros de las fuerzas castrenses y policiales investigados en esta etapa del caso Coral son el general Juan Carlos Torres Robiou, FARD, a quien en la estructura identificaban como “Dl”. Este fungió como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) en el periodo 2014-2021.
Otro de los investigados es el coronel de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Carlos Augusto Lantigua Cruz (El Ayudante), su es apodo por haber sido apoyo del director y encargado de raciones del Cestur.
También el coronel de la FARD Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, exencargado de recursos humanos del Cestur en el periodo 2014-2020.
Además está bajo investigación la primer teniente de la Policía Jehohanan L. Rodríguez Jiménez, quien se desempeñaba como subencargada de auditoría del Cestur.
El encargado de la División de Inteligencia del Cestur, el coronel de la FARD, Miguel Alfredo Ventura Pichardo, y el encargado de la Escuela de Seguridad Turísticas y luego de Operaciones de Inteligencia del Cestur, coronel de la FARD, Roberto Acevedo Tejada FARD (Acevedo), están en la lista de presuntos actos de corrupción y lavado de activos.
Se llevan Cusep de Cáceres
La mayor parte de la estructura administrativa del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) de la gestión de Adán Cáceres, principal imputado en el caso Coral, fue desmontada debido a la supuesta sustracción de fondos públicos para enriquecerse de forma ilícita.
Como parte de la estructura de presunta corrupción en el Cusep están imputando al general de las FARD, Julio C. de los Santos Viola, quien fue subjefe de esa dependencia en la jefatura de Adán Cáceres; asimismo el mayor de la Policía, José Manuel Rosario Pirón, quien se desempeñaba como encargado de tesorería del Cusep.
Otros en la lista de imputados son el coronel de las FARD, Sterling Antonio Peralta Santos, exencargado de inteligencia del Cusep; el capitán de navío de la Armada de la República Dominicana (ARD), Rolando Bueno Jiménez; ex director administrativo y ayudante de Adán Cáceres.
Figuran como investigados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores ARD, exdirector de avanzada del Cusep; el general de brigada del Ejército, Boanerges Reyes Batista, quien fue sub jefe del Cusep hasta el 2014; el teniente coronel de la FARD, Erasmo Roger Pérez Núñez FARD, asignado al jefe del Cusep, y el teniente del Ejército, coronel Kelman Santana Martínez ERD, asistente personal de Adán Cáceres.
De qué se les acusa
Al grupo se le imputa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con el Ministerio Público, el entramado criminal desarticulado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cusep y Cestur, principalmente, con el abultamiento de la nómina. Durante las pesquisas, el Ministerio Público descubrió que el coronel Rafael Núñez de Aza también fungió como director financiero del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), a pesar de que no aparecía en los registros públicos.
El Ministerio Público ha establecido en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.
Implicados en Operación Coral
Por la Operación Coral guardan prisión preventiva el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Los imputados, arrestados a partir del inicio de la Operación Coral, el sábado 24 de abril de 2021, guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal.
En tanto que, contra Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien decidió cooperar con el Ministerio Público, el tribunal ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad.
El 8 de agosto el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó la medida de coerción a todos los imputados. Para el pasado viernes 12 esa instancia judicial volvió y le confirmó las medidas, excepto al sargento Montero Cruz que tiene pendiente la apelación a la que sus abogados no se han presentado.
