Por Oscar Medina
En el año 2011 el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones llamó a una licitación pública internacional con el fin de asignar varios bloques de ancho de banda para prestar servicios de telefonía e internet. Como resultado, fueron adjudicados 60 MHz del espectro radioeléctrico a las empresas Claro y Altice -en ese momento Orange-, y fueron declarados como desiertos otros 30 MHz que quedaron para ser asignados en una licitación posterior.
A finales del año 2017, INDOTEL convocó a una nueva licitación para adjudicar esos bloques que habían quedado pendientes seis años atrás. Sólo que en esta ocasión, y a pesar de que se trataba de la continuación de un proceso, el Pliego de Condiciones de esta licitación vino con marcadas diferencias con relación al del 2011.
En esta licitación se prohibió la participación de empresas extranjeras así como a aquellas con asignaciones de espectro que superaran los 60 MHz, además de que el del valor referencial de las frecuencias fue relativamente inferior al establecido por el mercado tras la licitación del 2011.
Esas variantes limitaron la cantidad de oferentes y restaron posibilidad de más y mejores inversiones para el sector, como lo establece en un voto observado Nelson José Guillén Bello, miembro del Consejo de INDOTEL designado para velar por los derechos de los usuarios.
Otros actores del sector de las telecomunicaciones fueron más lejos y denunciaron que las condiciones de esa licitación se prepararon con la intención de ajustar el proceso a la medida de la empresa VIVA. Y sintiéndose agraviados acudieron a instancias nacionales e internacionales solicitando la rectificación de lo que consideraban una irregularidad. Llegaron incluso a poderosos despachos en Palacio Nacional donde amenazaron con denunciar la falta de seguridad jurídica existente en la República Dominicana.
En este contexto se produce un cambio en la dirección del INDOTEL, y Luis Henry Molina pasa a ocupar la presidencia del órgano rector. Sin embargo, y atendiendo al principio de la continuidad de los actos del Estado, no se produjeron modificaciones en los términos de una licitación que ya estaba bastante avanzada en su cronograma.
Para sorpresa de nadie, el pasado 16 de abril la dirección ejecutiva de INDOTEL emitió la resolución DE-008-18 mediante la cual adjudicó esos 30 MHz del espectro radioeléctrico para prestar servicios finales de telefonía e internet a la empresa Trilogy Dominicana, o sea, VIVAÖ Y no podía ser de otra forma, ya que esta prestadora fue la única oferente que calificó para presentar la oferta económica.
Este miércoles 2 de mayo, según el cronograma de la licitación, corresponde la presentación y apertura del sobre contentivo de la oferta económicaÖ Ese día VIVA debe establecer lo que está dispuesta a pagar al Estado por el usufructo de esas frecuencias.
La licitación del 2011 adjudicó a Claro 40 MHz, y debió pagar poco más de un millón de dólares por cada uno, mientras que Orange pagó un total de 30 millones de dólares por los 20 MHz que recibió en adjudicación. En total, el Estado recibió unos 70 millones de dólares.
Según el pliego de condiciones de la licitación en curso, el valor referencial de los bloques que conforman los 30 MHz que serían adjudicados a VIVA tiene un costo de 30 millones de dólares. Y según ese mismo pliego, si la oferta económica del oferente es inferior a ese valor de referencia la propuesta queda descalificada. Por tanto, lo mínimo que debe recibir el Estado por esta transacción son esos 30 millones de dólaresÖ Pudiera ser más, pero nunca menos.
El Pliego de Condiciones también establece que el adjudicatario debe pagar al INDOTEL el cincuenta por ciento del monto de la oferta económica al momento de suscribirse el contrato de adjudicación —según el cronograma, la próxima semana—, y el pago del restante 50 por ciento se debe honrarlo dentro de los cinco días que siguen a la resolución del Consejo aprobando el contrato de adjudicación, que sería 30 días después.
Además, los pagos deben hacerse mediante “cheque certificado, cheque de administración o transferencia electrónica debidamente confirmada, girados a nombre de INDOTELÖ”.
No se establece modalidades de pago como “intercambio publicitario” o “trueque por deudas con otras instituciones del Estado”Ö Modelos que otras oportunidades han sido utilizados por el propietario de VIVA para hacer operaciones con el Estado.
Toca al INDOTEL, su Consejo y sobre todo a su presidente hacer cumplir la ley y garantizar la equidad en el mercado de las telecomunicaciones y que el Estado reciba el justo precio por ceder el usufructo del espectro radioeléctricoÖ Un recurso que es patrimonio de todos los dominicanos. Publicad por listindiario.com
