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El Colegio de Abogados de la República Dominicana demandó esta mañana del Ministerio Público el sometimiento a la justicia de “los verdaderos responsables” del escándalo de corrupción que motivó la “Operación Coral”.

Altice

Surún Hernández, presidente de la entidad, acudió este jueves a la sede de la  Procuraduría General de la República (PGR), donde pidió que se someta a “los de arriba que a su entender hasta el momento son intocables.

“La corrupción es un cáncer que está afectando la sociedad y debemos todos enfrentarla con decisión sometiendo a todo el ladrón de fondos públicos a la acción de la justicia como actualmente lo está haciendo la Procuraduría General de la República, cuyos expedientes están sobreabundantes en elementos probatorios”, opinó.

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Hernández manifestó que “no es posible que los altos niveles de corrupción, de los cuales todos hemos sido testigo, hayan sido por parte de esos subalternos”.

En ese sentido, a consideración del abogado, los verdaderos responsables de los actos de corrupción todavía están “intocables” y espera que “el brazo independiente de la justicia dominicana” pueda llegar a esas personas para los sometimientos de lugar.

 “Esta sociedad espera que haya consecuencias del escándalo de los 50 mil millones de pesos de las visitas sorpresa, de los 2 mil millones de dólares de sobrevaluación de Punta Catalina, incluyendo las operaciones fraudulentas del Banco de Reservas donde se denuncia el soborno para obtener facilidades financieras, cuyo administrador tuvo el tupé de inventarse el auto pagó de 100millones de pesos por “buena gerencia”, del fraude los permisos del ajo”, reza parte del comunicado remitido por la institución, en el que también refiere otros escándalos de corrupción.

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Hernández definió a los involucrados como “delincuentes disfrazados de políticos”, y consideró que la corrupción afecta a todos los partidos políticos sin distinción y a la sociedad dominicana.

Asimismo, en su alocución, el abogado aprovechó para felicitar la medida de eliminación de los privilegios carcelarios en favor de militares, especialmente “aquellos que han cometido actos de corrupción”.

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