Muchas personas abandonaron la zona, donde supuestamente se refugian integrantes de una banda armada que lidera Arnel Joseph, buscado por la Policía por la comisión de varios crímenes y a quien se atribuye el control del barrio La Saline, ubicado en Puerto Príncipe.
Además, en el día de hoy la capital haitiana fue nuevamente escenario de actos violentos y las escuelas permanecen cerradas en esta jornada, situación que puede poner en peligro el cierre del año escolar para miles de estudiantes.
Al igual que en días anteriores, el sector transporte fue paralizado y se montaron barricadas hechas con neumáticos en llamas en distintos puntos de la ciudad, bloqueando calles y carreteras que conectan la capital con otros departamentos.
La tensión continúa tras más de una semana de protestas para exigir la dimisión del presidente, Jovenel Moïse, quien ya dijo la semana pasada que no tiene intención de dejar el cargo e invitó a la oposición a establecer un diálogo que esta rechaza.
Hoy, desde el Palacio Nacional, hubo una nueva invitación al diálogo dirigida a varios sectores del país que fue rechazada por la mayoría de las partes interpeladas.
Las protestas empezaron el 9 de junio cuando miles de personas salieron a las calles de Puerto Príncipe y de otras ciudades del país, días después de que la Corte Superior de Cuentas emitiera un informe que involucra a una empresa de Moise en el supuesto manejo irregular de fondos de Petrocaribe, mediante el cual Venezuela suministra petróleo a Haití a precios blandos.
El pasado 31 de mayo, la citada institución envió al Parlamento su informe final sobre la investigación que hizo de los supuestos actos de corrupción relativos al manejo de los fondos del programa Petrocaribe.
Según detalles conocidos por la prensa, la investigación desveló que la compañía Agritrans del presidente haitiano recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos pero no los ha llevado a cabo.
Asimismo, el texto revela que al parecer existe una red de funcionarios dentro del Gobierno que gestiona la obtención de contratos para amigos del expresidente del país Michel Martelly y para el ex primer ministro Laurent Lamothe.
El informe de la Corte Superior de Cuentas califica de “grave” la manera en que varios Gobiernos han gastado más de 2.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe entre 2008 y 2016, la mitad de los recursos generados por el programa durante ese período.
