Raúl Martínez
El autor es abogado.
Siempre me he ufanado de ser una persona optimista. Una de esas que percibe el vaso “medio lleno”, en contraste con las recurrentes voces agoreras para las que el vaso se encuentra —invariablemente— “medio vacío”. Esa perspectiva del mundo no está exenta de riesgos, pues a veces tropieza con realidades capaces de demoler las ilusiones del más entusiasta.
Eso es precisamente lo que me ocurre al analizar la situación que atraviesa la República Dominicana en materia de regulación de los juegos de azar, especialmente tras la aprobación, en primera lectura por el Senado, del proyecto de Ley General de Juegos de Azar, una iniciativa remitida por el propio presidente de la República.
No todos los juegos de azar son iguales
Para quienes no tenemos afición por las apuestas, podría parecer que todos los juegos de azar producen los mismos efectos. Sin embargo, no es así.
Los sorteos de base numérica —como quinielas, palés o tripletas— y las apuestas deportivas son considerados menos problemáticos que los llamados juegos electrónicos o virtuales, entre ellos las máquinas tragamonedas, las ruletas electrónicas y otros juegos propios de casinos. Estos últimos presentan un potencial mucho mayor para generar adicción y desarrollar ludopatía.
En este tipo de juegos el usuario recibe estímulos constantes para continuar apostando. La rapidez de las partidas, la disponibilidad permanente y la ilusión de controlar el resultado mantienen al jugador inmerso durante largos períodos, convencido de que el premio está cada vez más cerca. No es casual que algunos investigadores hayan llegado a definir esta modalidad como el “crack-cocaína de las apuestas”.
La regulación vigente
Consciente de esos riesgos, el legislador dominicano optó durante décadas por una regulación prudente.
La Ley 96-88 autorizó las máquinas tragamonedas únicamente dentro de casinos ubicados en hoteles de primera categoría, espacios sujetos a estrictos controles y fiscalización.
Posteriormente, la Ley 29-06 permitió su instalación en bancas de apuestas deportivas, pero bajo condiciones específicas: locales cerrados, climatizados, con cristales que impiden observar el interior, prohibición expresa de entrada a menores y una distancia mínima de 500 metros entre establecimientos y respecto de escuelas, hospitales e iglesias.
Estas restricciones perseguían un objetivo evidente: evitar la proliferación indiscriminada de una modalidad de juego especialmente riesgosa.
La tecnología cambió las reglas
Cuando se aprobó esa legislación, en 2006, el panorama tecnológico era completamente distinto.
En aquel momento las máquinas tragamonedas eran prácticamente el único vehículo para ofrecer este tipo de apuestas fuera de los casinos. Dos décadas después, basta una computadora, un monitor y un software especializado para convertir cualquier pequeño local en una sala de juegos virtuales.
La revolución tecnológica ha cambiado completamente el mercado y también ha abierto la puerta a nuevos actores.
La expansión sin controles
Aprovechando estas nuevas herramientas, algunos concesionarios de loterías electrónicas y las llamadas agencias hípicas han comenzado a ofrecer juegos electrónicos y virtuales en miles de puntos de venta distribuidos por todo el país.
Lo preocupante es que estos establecimientos carecen de las condiciones exigidas por la legislación vigente para casinos y bancas deportivas. Son pequeños locales abiertos, frecuentados incluso por menores de edad y sin las mínimas garantías de seguridad.
En su afán por conquistar el mercado, muchos de estos operadores no solo ignoran las restricciones legales, sino que acercan a niños y adolescentes la modalidad de juego considerada internacionalmente como la de mayor capacidad adictiva.
Se trata, en esencia, de una auténtica arrabalización de los juegos electrónicos, impulsada por la ambición empresarial y facilitada por la inacción del Estado.
Algunos incluso han llegado a presentar este proceso como una supuesta “democratización” de los juegos de azar. Ese argumento recuerda inevitablemente aquella célebre frase atribuida a Madame Roland durante la Revolución Francesa:
“¡Oh libertad! ¡Cuántos crímenes se cometen en tu nombre!”
Un proyecto que preocupa
Toda esta situación cobra mayor relevancia al examinar el proyecto de Ley General de Juegos de Azar actualmente en discusión.
La propuesta elimina, en la práctica, buena parte de los requisitos establecidos por la Ley 29-06 para instalar establecimientos con juegos electrónicos, dejando en manos de una futura Dirección General de Juegos de Azar la facultad de definir, mediante reglamentos, las condiciones de funcionamiento de estos negocios.
Ese cambio abre la posibilidad de que, en el futuro, un funcionario complaciente o poco riguroso permita que concesionarios de loterías electrónicas y agencias hípicas inunden el territorio nacional con juegos electrónicos, transformando a la República Dominicana en un verdadero casino a cielo abierto.
Una advertencia final
Como optimista incorregible, todavía albergo la esperanza de que nuestros legisladores corrijan este desacierto antes de la aprobación definitiva de la ley.
No se trata de impedir el desarrollo de una actividad económica legal, sino de evitar que la codicia de unos pocos termine provocando una grave crisis social alimentada por la expansión de la ludopatía y por un Estado que renuncie a ejercer su deber de regulación.
Sería lamentable que, en nombre del negocio, termináramos sustituyendo la Santa Biblia que figura en nuestro Escudo Nacional por una ruleta electrónica.
