El comunicador advierte que la medida debilita la institucionalidad y profundiza la desconfianza ciudadana en la reforma policial
El comunicador Valentín Pérez criticó duramente el decreto 34-25, mediante el cual se instruye al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) a administrar los recursos financieros de la Policía Nacional, al considerar que la decisión envía un mensaje negativo a la ciudadanía.
Pérez aseguró que esta disposición representa un duro golpe a la institución del orden, ya que limita su autonomía, retrasa procesos administrativos y resta autoridad a sus ejecutivos en la toma de decisiones estratégicas.
A su juicio, la medida no fortalece la reforma policial, sino que por el contrario profundiza la percepción de debilidad institucional y acrecienta la desconfianza de la población hacia la Policía Nacional.
El comunicador sostuvo que el decreto contradice disposiciones legales vigentes, específicamente la Ley 590-16 que rige el funcionamiento de la Policía Nacional.
Citó el artículo 28, inciso 3, el cual establece que dentro de las atribuciones del director general de la Policía está administrar los recursos financieros asignados en el Presupuesto General del Estado conforme a las regulaciones correspondientes.
Para Pérez, transferir esa responsabilidad a una entidad externa constituye una violación directa al marco legal y una intromisión en las funciones propias de la institución policial.
“¿Esa es la reforma policial que se está promoviendo?”, cuestionó, al considerar que se trata de una medida que debilita el liderazgo interno y desnaturaliza el proceso de modernización.
En tono crítico, afirmó que, bajo esa lógica, lo próximo sería designar una figura ajena para dirigir completamente la Policía, lo que calificó como un atropello institucional.
Pérez señaló que decisiones de este tipo generan incertidumbre tanto dentro de la institución como en la ciudadanía, al proyectar una imagen de falta de confianza en las autoridades policiales.
Indicó que la eficiencia y transparencia deben fortalecerse desde dentro, con controles adecuados, pero sin despojar a la Policía de sus funciones esenciales.
Finalmente, concluyó que acciones como esta son parte de las razones por las que la Policía Nacional continúa siendo cuestionada por amplios sectores sociales.
A su entender, cualquier reforma real debe enfocarse en fortalecer la institucionalidad, la rendición de cuentas y el respeto al marco legal, en lugar de debilitar la estructura de mando y gestión interna.

