Bartolo García
La más reciente manifestación encabezada por el expresidente Leonel Fernández volvió a colocar a la Fuerza del Pueblo en el centro del debate político. La Junta Central Electoral (JCE) reaccionó de inmediato ante el uso del nombre, colores y símbolos de ese partido en la denominada “Marcha del Pueblo”, realizada este fin de semana en la capital.
El órgano electoral advirtió que la exhibición pública de estos elementos puede interpretarse como una acción de campaña, lo que resultaría prematuro según el calendario establecido para el proceso electoral vigente en República Dominicana.
A través de un acto de alguacil, la JCE intimó formalmente a la organización política. En el documento, se le solicita tomar las medidas necesarias para adecuar sus actividades a lo que dicta la Ley 20–23, Orgánica del Régimen Electoral.
La comunicación también señala que el incumplimiento de esta advertencia podría generar infracciones administrativas contempladas en el artículo 308, numerales 4 y 5 de dicha ley. Las multas, en este caso, podrían llegar hasta el equivalente a 200 salarios mínimos.
Además, el organismo electoral recordó que, si se produce algún desacato, el Pleno de la JCE puede facultar a la Unidad de Sanciones Electorales y Medidas Cautelares para iniciar un proceso sancionador.
Ese procedimiento se realizaría conforme a la Ley 33–18 de Partidos y Agrupaciones Políticas, la Ley 20–23 y el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral, garantizando el debido proceso en cada etapa.
Desde el oficialismo no tardaron en surgir las reacciones. Legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) señalaron que la manifestación del domingo no fue una simple expresión ciudadana, sino una actividad política con todos los elementos de una movilización partidaria.
La diputada Soraya Suárez, representante de Santiago, criticó abiertamente el evento y afirmó que “no fue una marcha realmente, sino una caravana política muy clara”, enfatizando que las normas electorales deben aplicarse sin excepciones.
Otros congresistas oficialistas destacaron que esta advertencia reafirma el rol de la JCE en la vigilancia del proceso preelectoral, para evitar que cualquier fuerza política busque ventaja anticipada ante la ciudadanía.
Del lado opositor, algunos dirigentes defendieron el derecho a la protesta y a la libre expresión política, argumentando que la actividad reflejó un sentimiento popular que trasciende los símbolos partidarios.
Sin embargo, la documentación entregada por la JCE menciona específicamente la presencia de emblemas y consignas que asocian la convocatoria directamente con la Fuerza del Pueblo, lo que activa la vigilancia institucional en un período aún no autorizado para la promoción electoral.
El expresidente Fernández, líder de la organización, no se ha referido directamente al requerimiento de la Junta, aunque sus seguidores sostienen que continuarán las actividades de movilización a nivel nacional.
El panorama político se mantiene en creciente efervescencia, mientras partidos y aspirantes se mueven estratégicamente en la antesala de un ciclo electoral que promete ser altamente competitivo.
Con este llamado de atención, la JCE envía un mensaje claro: las reglas están trazadas y las instituciones harán valer la legalidad para todos los actores políticos, en aras de un proceso electoral justo, equilibrado y apegado a lo establecido por la ley.
