Santo Domingo, República Dominicana -.–El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, formuló un firme y categórico llamado al Gobierno dominicano para que solicite e integre su participación activa en las negociaciones y esfuerzos de cooperación penal internacional sostenidos entre los Estados Unidos de América y otros Estados, orientados a desarticular estructuras criminales transnacionales, detener a sus cabecillas y avanzar en su desmantelamiento financiero.
Potentini sugirió vía el Ministerio Público dominicano, en el caso concreto del denominado Cesar el Abusador, aprovechar el revés y los cuestionamientos que este ha hecho al acuerdo firmado en el 2022 con la fiscalía de Puerto Rico, declarándose culpable por el tráfico internacional de drogas entre Colombia y República Dominicana, de unos 450 kilos de cocaína, cuyo destino final lo era el territorio norteamericano.
El CARD considera oportuno el integrarse a las nuevas posibilidades de renegociar el acuerdo con El Abusador, para romper el ciclo de impunidad que mantienen mafias políticas en complicidad con el crimen organizado, las cuales continúan ajenas al alcance de las leyes penales y más aún protegidas por sectores sombríos de la vida nacional. En ese sentido el país debe incluso en esta etapa acercarse a la fiscalía federal, que en los próximos días en Puerto Rico Contestaran las alegaciones del Abusador, en cuyo espacio procesal podría la República Dominicana obtener insumos vitales para incautar y asegurar bienes ilícitos, encauzar y perseguir mafias políticas, militares, policiales y empresariales que aún se mantienen como intocables y bajo el manto de la impunidad.
El CARD sostuvo que el Estado dominicano hoy más que nunca debe sumarse a los esfuerzos coordinados que se desarrollan en la región para combatir fenómenos devastadores como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, la corrupción publica, el tráfico de armas y otras modalidades delictivas que amenazan la seguridad nacional, erosionan la institucionalidad democrática y lesionan gravemente los derechos fundamentales.
Aplicación inmediata y enérgica de la Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio.
En ese mismo orden, el Colegio de Abogados emplazó a las autoridades a implementar sin dilación la Ley núm. 340-22 sobre Extinción de Dominio, instrumento jurídico moderno y robusto concebido para perseguir, incautar y decomisar bienes y activos derivados o instrumentales del crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción administrativa y demás delitos graves establecidos en su ámbito material.
El Colegio de Abogados advirtió que la criminalidad organizada ha evolucionado hacia redes más complejas, con estructuras económicas capaces de corromper instituciones, infiltrar sectores productivos, penetrar el poder político y desvirtuar los pilares del Estado de Derecho. En ese sentido, subrayó que: La lucha contra el crimen no es opcional, es constitucional, legal y moralmente obligatoria, de igual forma la cooperación internacional no es injerencia, es corresponsabilidad global, así como la persecución de bienes ilícitos no es retaliación, es justicia patrimonial.
El CARD exige: Que el Gobierno dominicano solicite oficialmente ser parte activa y permanente en las mesas de cooperación penal internacional en las que participen los EE. UU. para combatir la criminalidad transnacional, Maxime cuando se trate delitos transnacionales como el narcotráfico. Asimismo, que se fortalezcan los mecanismos de asistencia judicial recíproca, intercambio de información y operaciones coordinadas con autoridades extranjeras. También la aplicación inmediata de acciones de extinción de dominio contra bienes bajo sospecha razonable de ilicitud, conforme a la Ley 340-22, enviando con ello un mensaje inequívoco de que la República Dominicana no es territorio seguro para el crimen, ni santuario para fortunas ilegales.
Trajano Potentini tras participar en el programa Matinal 5 que se difunde todas las mañanas en Telemicro, en compañía de los conductores Persio Maldonado, Laura Castellanos y Laura Jacquez, donde también abordó los acuerdos del ministerio público con imputados de corrupción, la evaluación y selección de los miembros de Altas Cortes, entre otros temas.
