Por Sandrine Exil
Más de dos años y medio de investigaciones. El juez de instrucción Walther Wesser Voltaire ha emitido una orden de 122 páginas; el texto incluye acusaciones contra la viuda del difunto presidente, Martine Moïse; el ex primer ministro Claude Joseph y el exdirector de la policía, Léon Charles, entre decenas de otros imputados.
Según el magistrado, existen pruebas que respaldan las responsabilidades de los acusados. Las decisiones judiciales marcan un paso importante en la investigación del asesinato de Moïse, proporcionando un marco legal para juzgar la presunta implicación de los imputados.
El tribunal penal será el escenario donde se dilucidarán las acusaciones de asesinato, complicidad y otros cargos, basados en presuntas acciones de los acusados. Este desarrollo legal se suma a la compleja trama del caso, que ha mantenido la atención internacional desde el trágico suceso.
Martine Moïse, entre los señalados
Martine Moïse se encuentra entre los acusados, junto a Christian Emmanuel Sanon, descrito como el “autor intelectual” del complot. El juez Voltaire ha decidido no presentar cargos penales contra la mayoría de los acusados mencionados en una acusación paralela en Miami, citando el principio de doble exposición.
Sin embargo, se mantiene la acusación contra Sanon, un pastor haitiano-estadounidense, por presuntamente planear un golpe de Estado que condujo al asesinato de Moïse.
En la acusación haitiana, Sanon es señalado como el “autor intelectual” junto con Joseph Félix Badio, exconsultor gubernamental. La orden destaca que Martine Moïse rechazó participar en interrogatorios sobre el asesinato y que sus declaraciones han tenido contradicciones.
Voltaire también desestimó una demanda civil presentada por Martine Moïse en octubre de 2021 relacionada con el asesinato de su esposo. El juez ahora busca que aquellos que aún no están en prisión sean detenidos, aunque la ley haitiana permite a los perseguidos presentar apelaciones, lo que podría prolongar el proceso.
Acusaciones contra exfuncionarios haitianos
Entre los acusados se encuentran también Claude Joseph, ex primer ministro, y Léon Charles, exjefe de policía, quienes, según Voltaire, tuvieron una “participación activa” en los eventos que llevaron a la impactante muerte de Moïse.
Los hechos ocurrieron cuando Moïse fue asesinado a tiros dentro de su casa durante la noche, mientras Joseph y Charles estaban en funciones. Voltaire señala que estos dos exfuncionarios, junto con otros ocho exfuncionarios gubernamentales o aliados del expresidente, desempeñaron un papel crucial en los eventos que llevaron al trágico suceso.
Claude Joseph alega que el primer ministro interino, Ariel Henry, a quien considera el principal beneficiario del golpe del 7 de julio que resultó en el asesinato de Moïse, está utilizando el sistema judicial para perseguir a oponentes políticos.
Calificó la situación como un “clásico golpe de Estado” y afirmó que el pueblo haitiano no se dejará distraer. Joseph expresó su determinación de seguir luchando contra un gobierno que, según él, ha estado perjudicando al pueblo haitiano, y exigió la renuncia de Ariel Henry, a quien considera responsable de los fallos en la gestión del país.
La investigación describe la respuesta de Charles, exjefe de policía, como “imprudente” al recibir una llamada de socorro de Moïse, sin esfuerzos diligentes para enviar refuerzos. La posible afectación del papel de Charles como representante de Haití ante la Organización de Estados Americanos no está clara.
Joseph, entonces primer ministro, es señalado por declarar que todo estaba bajo control mientras los asesinos de Moïse causaban caos. La investigación revela que, preocupado por su seguridad, Joseph convocó a Charles para organizar su protección incluso cuando el presidente estaba en peligro.
Joseph, líder de protestas contra Henry, considera estas acusaciones como un intento de “poner el sistema de justicia haitiano” en su contra.
Continúan los avances en la investigación
Las autoridades haitianas inicialmente arrestaron a 44 personas, entre las cuales 20 ciudadanos colombianos, 19 agentes de policía haitianos y cuatro individuos vestidos de civil, en relación con el asesinato del expresidente Jovenel Moïse. Los colombianos, detenidos en la operación, han negado conocer al responsable del asesinato y han expresado dudas sobre las lesiones de la primera dama durante el ataque.
Las conclusiones del juez Voltaire se basan en numerosos interrogatorios y en su visita al lugar del crimen junto a agentes del FBI. Según Voltaire, quedó claro que la primera dama no podría haberse escondido debajo de la cama, como había afirmado anteriormente.
En la investigación paralela en Estados Unidos, cinco de los 11 acusados se declararon culpables, enfrentando cadena perpetua por conspirar en el asesinato del presidente. Frederick Bergmann, empresario de Tampa, también se declaró culpable recientemente, con una sentencia máxima de diez años.
A pesar de los avances en la investigación estadounidense, persisten incógnitas, incluyendo el paradero del arma utilizada en el asesinato. Además, mientras los investigadores de Estados Unidos rastrearon un préstamo de 175.000 dólares a CTU Security, una empresa de seguridad en Miami que pagó a los colombianos, en Haití aún se desconoce quién pudo haber financiado el golpe. La colaboración de los bancos privados haitianos ha sido inexistente.
La violencia en Haití no ha dado tregua en los últimos dos años, después del asesinato de Moïse. Las pandillas armadas han tenido un impacto devastador en la nación: con un haitiano asesinado cada dos horas, 17 heridos al día y 40 secuestrados al mes, la situación ha alcanzado proporciones alarmantes.
Con AP y medios locales
