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Banco Popular

Por Franklin Rosa   

Altice

El Sistema Dominicano de Seguridad Social que nació mediante la Ley  No. 87- 01 del año 2001, es una de las leyes más importantes del país y creo la base real y efectiva de la sociedad dominicana, modernizando el Estado dominicano. Los logros de esta ley no han beneficiado al pueblo dominicano,  los beneficiados, son las élites oligárquicas del país.
El ahorro  de los trabajadores que se realiza mediante esta ley para garantizarles a los dominicanos, después de una vida de trabajo, una jubilación decente y una vida confortable con su familia, hasta su muerte, ha sido una quimera,  porque  las pensiones que se prometen tendrán una tasa de retorno del 30 %  del salario.
Los que se han beneficiado de este ahorro nacional que alcanza la astronómica suma de 900,000 millones de pesos son los bancos y el gobierno.
La oligarquía financiera dominicana integrada por tres bancos que controlan las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP-, las cuales  disfrutan cada año los beneficios de esta ley, acumulando  ganancias, en sus veintiún  años de aplicación, de 70,000 millones de pesos.
Los dueños de este gran patrimonio son los trabajadores que tendrán que esperar 30 años, y después de lograr   aportar 360 cuotas, que muy pocos podrán lograr, para poder tener una jubilación precaria y morir en la miseria.

El aporte que se hace mediante esta ley para la salud de los trabajadores, una suma millonaria, que administran las Administradoras de Riesgos de Salud – ARS-, que terminan explotando a las Prestadoras de Servicios de Salud – PSS-,  a los médicos y negándoles a los usuarios la atención médica, la medicina y los procedimientos  que salvan vidas. Esta gran estafa y lucrativo negocio termina con los médicos cobrando un famoso copago por las consultas,  en el orden de los 1, 500 hasta los 8,000 pesos, a los médicos especialistas,  que  explotan a la clase media y que enriquecen a  una élite médica que está muy lejos del juramento hipocrático.
El Sistema de la Seguridad Social implementado mediante la Ley  87-01 se puede tipificar como una perfecta y verdadera Alianza Público Privada, muy parecida a la famosa Ley de Fideicomiso, que mediante su aplicación   el gobierno descarga su responsabilidad Constitucional de garantizar el derecho a la salud del pueblo dominicano, y se coloca como un árbitro de este negocio, donde no tiene ni voz ni voto, hasta el poder de veto en el Consejo Nacional de la Seguridad Social – CNSS-, se le ha otorgado a los empresarios de este lucrativo negocio de la muerte, y no de la salud y la vida.
Las últimas resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social, agravan las condiciones de estafa de este sistema, aumentando la  cápita o pago de los usuarios a 1,500 pesos, y a los dependientes, sin resolver los problemas fundamentales, como son:

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1- El sistema de atención primaria y atención preventiva de salud para la familia.
2- El ínfimo aporte económico para cubrir los medicamentos.
3- El copago a los médicos a nivel de consulta.
4- La exclusión antojadiza que las ARS hacen a los médicos negándoles el código para hacer consultas y procedimientos.
5- La exclusión del Plan Básico de Salud de las enfermedades mentales y de decenas de procedimientos como las cirugías laparoscópicas,  los implantes dentales,  prótesis y los procedimientos anestésicos, etcétera.
6- El abandono por las ARS de la asistencia médica a pacientes con enfermedades catastróficas.
7- La actitud tramposa de las ARS de rechazar procedimientos avalados por el historial médico de los pacientes.
El Sistema Nacional de la Seguridad Social le ha confiscado a los trabajadores sus ahorros sin recibir ningún beneficio real y efectivo, un servicio de salud precario que le niega todo tipo de atención primaria, y que manda  al 90% de la población al inestable  e inexistente sistema del Servicio Nacional de Salud,  Hospitales Públicos, y el 9% de la población, clase media, a pagar con sacrificio su asistencia médica, a médicos especialistas, con copago por consultas y medicamentos caros que atentan contra la estabilidad económica de la familia.

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El afán de lucro de la oligarquía es tan desmedido que las AFP les niegan  el 30% de sus ahorros a los trabajadores y le roban 8,000 millones de pesos de sus cuentas individuales, con la excusa de variación del dólar.
El gran espectáculo de esta estafa fue la actitud irresponsable de las ARS frente a la pandemia del COVID-19, limitando las pruebas por paciente y los gastos en la UCI, y no cubrieron el costo de las pruebas rápidas. Durante este periodo las ARS obtuvieron ganancias extraordinarias. El pueblo dominicano con su sacrificio económico y  el gobierno tuvieron que asumir el costo de la pandemia.
El Colegio Médico Dominicano tiene sobrada razón de luchar contra la Ley 87-01, exigir su modificación total y la eliminación de las ARS, para reivindicar su clase y defender el derecho  a la salud de nuestro pueblo.
El pueblo dominicano tiene  que movilizarse y luchar contra la ley,  que en nada garantiza la seguridad social y la salud, y apoyar con decisión y firmeza todas las actividades que se vienen desarrollando para exigir la eliminación de las ARS y la modificación de la Ley  No. 87-01.

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Miguel Espaillat
Miguel Espaillat
1 año hace

Alucinante…