Numerosos dominicanos y dominicanas están detenidos desde la semana pasada en la frontera de Estados Unidos con México después de cruzar el río Bravo en busca de asilo, pero un juez bloqueó una orden ejecutiva del presidente Joe Biden eliminando el capítulo 42 para facilitar las peticiones y que impedía la entrada de los migrantes desde 2020 alegando alto riesgo de contagio COVID-19.
Además de los dominicanos, docenas de centroamericanos mayoritariamente nativos de Nicaragua también fueron interceptados en el paso Eagle Pass (Paso del Águila) en Texas por elementos de la Guardia Nacional que los entregaron a agentes de la Patrulla Fronteriza.
Entre las dominicanas detenidas figura Ana Rita Pinales de 28 años de edad quien hizo una larga travesía desde la República Dominicana.
Los organizadores de los viajes ilegales a Estados Unidos conocidos como “Coyotes”, cobran un mínimo de hasta $18 mil dólares para transportar a los migrantes a quienes, después de cruzar “al otro lado”, abandonan en las áridas tierras colindantes entre los dos países.
En una imagen captada por la agencia AP, Pinales aparece sentada con un grupo de migrantes custodiados por oficiales de la Guardia Nacional en un área del referido cruce, cerca del río Bravo.
La Patrulla Fronteriza los recogió llevándolos a centros de detención que mantiene en pueblos fronterizos.
Los detenidos y detenidas cruzaron el cauce el viernes 20 de mayo 2022, y caminaron docenas de kilómetros para tratar de llegar a Texas desde donde los coyotes los envían a diferentes estados donde sus familiares los esperan.
Se desconoce con cuales argumentos los dominicanos que vienen cruzando el río Bravo solicitan asilo en Estados Unidos, aunque muchos alegan que en sus países sigue el riesgo de ser asesinados por delincuentes incluso en sus hogares debido a la inseguridad, entre otros alegatos.
La orden de Biden fue bloqueada en una corte federal de Luisiana un día antes de que venciera el plazo para la apertura de las solicitudes de asilo.
Con Luisiana suman 24 estados los que han sometido recursos legales en los tribunales federales para bloquear la entrada de los migrantes.
El área de Eagle Pass se ha convertido cada en un corredor de cruce popular para los migrantes, especialmente los de fuera de México y Centroamérica, como los dominicanos, haitianos, jamaiquinos, africanos y otros, bajo la autoridad del Título 42, que expulsa a los migrantes sin la posibilidad de buscar asilo con el fin de evitar la propagación de COVID-19.
Las restricciones relacionadas con la pandemia sobre los migrantes que buscan asilo en la frontera sur deben continuar, dictaminó el juez federal Robert Summerhays.
El Departamento de Justicia dijo que la Casa Blanca apelará el fallo, pero el dictamen judicial virtualmente asegura que las restricciones no terminarán como estaba previsto para hace unos días.
Los defensores de los peticionarios de asilo dicen que se están pisoteando los derechos a ese recurso.
Los observadores políticos dicen que la decisión del juez es un “alivio” para candidatos demócratas al congreso y posiciones locales en sus respectivos estados fronterizos donde enfrentan elecciones.
Los migrantes han sido expulsados más de 1,9 millones de veces desde marzo de 2020 en base al Título 42, una disposición de salud pública que les niega la oportunidad de solicitar asilo en virtud de la ley estadounidense y el tratado internacional con el fin de prevenir la propagación de COVID-19.
El juez ordenó que las restricciones se mantuvieran mientras se lleva a cabo una demanda encabezada por Arizona y Luisiana, además de los otros 22 estados.
Por Miguel Cruz Tejada
