La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó una prórroga de cuatro meses al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para presentar la acusación contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre y los demás imputados involucrados en el caso Coral.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca, hizo la petición a través de una instancia fechada el día 4 de este mes de enero, dirigida al tribunal que preside el juez Raymundo Mejía, quien deberá decidir si acoge o no el pedimento del Ministerio Público.
La instancia fue depositada ante la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien remitirá la solicitud al tribunal control de las investigaciones en contra de los acusados de pertenecer a la supuesta red que movió más de 240 millones de pesos en perjuicio del Estado.
En el documento firmado además por la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, se hace constar que se hizo la solicitud por diversas razones y que “a medida que esta investigación avanza, la situación de los procesados se ve cada vez más grave y compleja”. Cuando el caso es complejo la ley establece 4 meses de solicitud de prórroga y cuando el caso es ordinario 2 meses.
En su petición el Ministerio Público dice que mantiene una investigación diligente y activa contra la red de corrupción de la que, figuran además como imputados la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
El 10 de mayo del 2021, la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, mediante resolución impuso medida de coerción de prisión preventiva de 18 meses en contra de los encartados, luego de haber declarado el caso complejo. Ordenó además arresto domiciliario con vigilancia en contra del mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, testigo clave de la acusación.
A los acusados se les imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo a las investigaciones que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del CUSEP y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
