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El Concurso de Oposición Docente se realiza sin la supervisión de la Comisión Nacional de Observadores que fue designada para garantizar la transparencia del proceso, pues esta cesó en sus operaciones por la renuncia masiva de sus integrantes.

Altice

16 de 20 instituciones integrantes de la comisión, que fue creada con el propósito de analizar, constatar y hacer propuestas concretas que contribuyan a la calidad, transparencia y legitimar el proceso, presentaron renuncia al ministro Roberto Fulcar, el pasado 23 de noviembre.

En una escueta carta enviada al titular del Minerd, señalan que no recibieron las informaciones requeridas, en las condiciones adecuadas para planificar el trabajo de campo para ejecutar la veeduría, tomando en cuenta la importancia que el proceso reviste para la sociedad.

“Por ejemplo, todavía se está a la espera del cronograma de aplicación de las pruebas. Dadas estas circunstancias, la observación de esta Comisión se hace extemporánea, lo que imposibilita el cumplimiento de sus funciones. Por esta razón, a partir de la fecha, la Comisión cesa en sus operaciones”, expresa la misiva.

Las instituciones renunciantes son la Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Ainep); la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); el Centro Cultural Poveda; el Centro Juan XXIII; CIED-Humano – Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucmm; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso); el Foro Socio Educativo; Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) y el Instituto Tecnológico (Intec).

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También dimitieron de la comisión de observación la entidad Repensar la Educación (RED); Sector Escuela Salesiana; la Universidad Iberoamericana (Unibe), la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu); World Vision y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).

No suscribieron la carta de renuncia, Acción Empresarial por la Educación (Educa); el Instituto Nacional de formación Técnico Profesional (Infotep); y el Centro Dominicano de Investigaciones de Economía, Sociedad y Ambiente (Cediesa) y la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU).

“Reiteramos nuestro convencimiento de que el Concurso de Oposición Docente es la vía idónea para seleccionar a los mejores maestros con el fin de ingresar a la carrera docente e impactar la calidad de la educación dominicana”, concluye el texto de la carta de renuncia.

Lo habían advertido

Los comisionados habían advertido que no se podía realizar un concurso sin que estuviera revestido de las garantías que el uso de las buenas prácticas, consagradas para eventos de esta naturaleza, pueden proporcionar.

Además, que para que la comisión pudiera realizar adecuadamente su trabajo se hacía necesario que el Minerd diera a conocer la metodología, los criterios y el procedimiento utilizado para determinar la demanda de 19,181 docentes que había informado que necesita.

Para los comisionados la planificación, el orden, la eficiencia y la transparencia del concurso docente se justifica como una garantía a la sociedad dominicana, dado el valor que tiene seleccionar los mejores docentes para el sistema, como factor determinante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y por el costo que implica la contratación de los nuevos docentes.

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Esta comisión de veeduría fue designada a raíz del fracaso del primer concurso celebrado los días 8 y 9 de septiembre cuando colapsó la plataforma, se filtraron las pruebas y reprobaron la mayoría de los postulantes.

Concurso y nombramientos

Paralelamente a la realización del Concurso de Oposición, el Ministerio de Educación ha nombrado de manera “temporal”, con la anuencia del Ministerio de Administración Pública (MAP), a miles de maestros para suplir las 19,181 plazas que asegura necesita el sistema educativo dominicano.

El nuevo presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, advirtió al ministro Roberto Fulcar que es una imprudencia y una provocación haber reiniciado el concurso de oposición docente sin la participación de representantes del gremio. También cuestionó los nombramientos temporales, pues no están contemplados en la Ley General de Educación, en el Estatuto del Docente, ni en el Pacto por la Reforma Educativa.

“La comisión no ha recibido las informaciones requeridas, en las condiciones adecuadas para planificar el trabajo de campo para ejecutar la veeduría”. Comisión Observadora

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