Hemos presentado la situación difícil por la que han pasado parte del personal docente de la UASD, en particular los jubilados ex funcionarios, donde la injusticia se ha manifestado denegando derechos que se expresan en 20 años de violación e incumplimientos de las resoluciones del Consejo Universitario, y 6 años de la UASD en desacato, incumpliendo una sentencia que favorece a cinco (5) docentes jubilados y ex funcionarios, dando mandato a que se cumpla las resoluciones del Consejo Universitario para el pequeño grupo de docentes que por derecho y por ley le corresponde la modificación del salario de su pensión.
Lo lamentable de este descalabro institucional es que los sucesivos rectores desde el 2001, cuando se aprobó La Resolución NO. 2001-194 del Consejo Universitario, fueron violando su aplicación, solamente la aplicaron para un grupito de ex rectores y algunos funcionarios que fueron favorecidos con los ajustes salariales.
Los candidatos a rectores y vicerrectores para el próximo proceso electoral deben plantear en sus programas el cumplimiento de las resoluciones del Consejo Universitario y de la Sentencia del Tribunal Constitucional para superar la condición de desacato que tiene la UASD y que puede tener consecuencias legales para el futuro rector de la universidad.
Hasta cuando los rectores y autoridades universitarias van a permitir que estos tipos de abusos y maltratos morales a los docentes se debatan y se resuelvan fuera del ámbito universitario. Es verdad que es una vergüenza que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DIGEIG, su directora, Milagros Ortiz Bosch, y el Ministerio de Trabajo hayan tenido que intervenir en el caso de la Escuela de Estadística, para superar una vieja práctica del multiempleo de muchos funcionarios electos de la UASD.
La situación post-pandemia será muy difícil para el pueblo dominicano y en particular para el personal docente y administrativo de la UASD. La inflación en los precios de los artículos de primera necesidad, la reforma fiscal, el precario sistema de salud y seguridad social; la actitud del gobierno de no cumplir con los acuerdos de indexación salarial de 40%, para el mes de enero de 2022, y la negación de las autoridades universitaria de no ajustar las pensiones de los jubilados, plantean claramente un escenario de lucha y defensa de nuestros derechos
Esta crítica situación demanda que los nuevos dirigentes de FAPROUASD, APREJUASD y ASODEMU unifiquen su plan de lucha y cuenten con la unidad y el apoyo de todos: la Federación de Estudiantes Dominicanos FED, del Consejo Universitario y de la Rectora Emma Polanco que debe encabezar la lucha por el cinco por ciento -5%- para la UASD.
Estamos en época de lucha contra la impunidad y por la transparencia, el gobierno debe cumplir con la Ley 5778 del 1961 que establece un subsidio anual equivalente al 5 % del Presupuesto General del Estado. La Ley 139-01 que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también lo ratifica.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo que cada día profundiza su misión educativa en todo el territorio nacional, en favor de los más pobres, debe de exigir y luchar para que se cumpla con el aporte presupuestario que por Ley le corresponde.
Basta ya de parches y remiendos:
5 % PARA LA UASD
Por Franklin Rosa
