Sadam Suriel del Orbe
La Constitución dominicana estable que el Poder Ejecutivo es ejercido por una solo persona, el presidente de la República, quien ejerce sus funciones en nombre del pueblo, en su doble condición de jefe de Estado y de Gobierno (artículo 122).
Hay un vicepresidente elegido conjuntamente con el Presidente (artículo 125) quien no tendrá atribuciones o funciones específicas, aparte de su vocación de suceder al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. Sin embargo, se ha impuesto la práctica de que los Presidentes asignan a sus Vicepresidentes funciones específicas de Gobierno, tanto en el gabinete como en otras instancias del aparato gubernamental.
El doctor Joaquín Balaguer, fue el primer presidente que inicio con esta práctica atentatoria contra la Constitución y las leyes, cuando designó al vicepresidente Carlos Morales Troncoso, secretario de Relaciones Exteriores y embajador en Estados Unidos; Leonel Fernández designó en su primer periodo de Gobierno al vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, director del Plan Quisqueya Verde y designó en su segundo periodo de Gobierno a Rafael Albuquerque coordinador del denominado Gabinete Social y director de diversos programas sociales; Hipólito Mejía designó a la vicepresidenta Milagro Ortiz Bosch, secretaria de Educación y Danilo Medina designó a la vicepresidenta Margarita Cedeño, coordinadora del programa Progresando con Solidaridad. Es común ver en la realidad política-dominicana cómo el clientelismo y patronazgo no se limita al Poder Ejecutivo, sino que muchos de quienes han sido vicepresidentes han basado sus carreras políticas en el clientelismo y el asistencialismo para proyectar su imagen pública y venderse como potenciales presidentes de la República.
