MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO
elpais.com
La estricta legislación antifraude de Nueva York, en vigor desde hace más de seis décadas, ha alcanzado a Donald Trump en una semana convulsa para el republicano desde el punto de vista judicial. Un día después de que se confirmara la fecha del 25 de marzo como inicio del primer juicio penal contra un expresidente de EE UU, por el caso Stormy Daniels, el candidato favorito a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de noviembre ha sido condenado este viernes a pagar 354,9 millones de dólares (unos 330 millones de euros) por exagerar su patrimonio neto para obtener préstamos favorables, un delito del que ya había sido declarado culpable en septiembre. La lista de activos inflados incluye su apartamento en la Trump Tower de Manhattan, su finca de Mar-a-Lago y varios campos de golf, entre otros.
Aunque a diferencia de las cuatro imputaciones penales en su contra el de Nueva York era solo un juicio civil, la reputación de Trump como empresario de éxito —su principal reclamo cuando dio el salto a la política— se ha visto seriamente menoscabada, por no hablar del varapalo a sus intereses: la prohibición de dirigir cualquier empresa en Nueva York, la sede de su emporio, durante tres años.
La decisión del juez Arthur Engoron, que ya dictaminó en septiembre pasado que Trump y el resto de acusados habían cometido fraude —ahora se trataba solo de conocer la multa—, se corresponde con lo esperado. La fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, había pedido una sanción de 370 millones de dólares, de los que 168 millones corresponden a lo que Trump se ahorró en préstamos al inflar su valor, es decir, los intereses extra que los prestamistas dejaron de percibir. Además de la sanción monetaria, James aspiraba a prohibir la actividad de Trump en la industria de bienes raíces de Nueva York y limitar drásticamente su capacidad para hacer negocios en el estado. También solicitaba cinco años de suspensión para los dos hijos adultos de Trump, Donald Jr. y Eric, igualmente acusados. El juez les ha impuesto dos.
La sanción supone una cantidad nada despreciable incluso para la fortuna personal de Trump, que en otro proceso civil ha sido condenado a pagar un total de 88 millones por abusar sexualmente de la columnista E. Jean Carroll (cinco millones) y por difamarla (83 millones). Solo en minutas, los comités de acción política (PAC, en sus siglas inglesas) que articulan su campaña gastaron el año pasado unos 50 millones de dólares procedentes de las donaciones.
A lo largo del proceso, el juez Engoron se ha mostrado escéptico ante las afirmaciones del expresidente -pese a ser varias veces zaherido por este-, así como comprensivo con los argumentos de la fiscal James. Además de la sanción económica por exagerar su patrimonio neto hasta 3.600 millones en una década, James solicitó al juez, que ha decidido por sí mismo -no ha habido jurado para fijar la multa-, que prohíba a Trump y el resto de acusados —entre ellos, sus dos hijos mayores— dirigir cualquier empresa en el estado. Los abogados del exmandatario intentaron en varias ocasiones hacer descarrilar la causa, sin lograrlo.
En un post en las redes sociales, Trump menospreció en su día las acusaciones de la fiscal general al escribir, con sus airadas mayúsculas habituales: “VALGO MUCHO MÁS QUE LOS NÚMEROS QUE APARECEN EN MIS ESTADOS FINANCIEROS”. El magnate ha sostenido siempre que sus prestamistas no fueron víctimas, ya que hicieron dinero de sus tratos con él. Como en el resto de procesos en curso, el republicano se ha presentado como una víctima de una caza de brujas política por parte de los demócratas para torpedear sus perspectivas electorales.
Mientras se esperaba el fallo de Engoron, que incluye otras seis demandas, entre ellas las de conspiración y falsificación de registros comerciales, hace unas semanas se conocieron nuevas irregularidades de la empresa familiar, la Organización Trump, gracias a una auditoría externa encargada por Engoron a finales de 2022. La tarea de supervisar las cuentas recayó en una ex jueza federal, y su informe puso de relieve varios problemas de papeleo en una empresa familiar que trata de sacudirse un marchamo de dejadez: falta de declaraciones, errores tipográficos, errores matemáticos y preguntas sobre un préstamo de 48 millones de dólares entre Trump y una de las empresas del emporio familiar. Según declaró la auditora al juez, los problemas “pueden reflejar una falta de controles internos adecuados”. Los hallazgos de este escrutinio fueron desmentidos por los abogados de Trump por, a su juicio, “actuar de mala fe”.
Para poner en contexto el fraude de la Organización Trump, la agencia AP revisó casi 150 casos denunciados desde que se aprobó en 1956 la ley neoyorquina de “fraude reiterado”. La evaluación demostró que, en casi todas las ocasiones, las víctimas y las pérdidas eran factores clave. Los clientes víctimas de un fraude habían perdido dinero, habían comprado productos defectuosos o nunca habían recibido los servicios solicitados. Es más, las empresas investigadas fueron intervenidas casi siempre como último recurso para detener un fraude en curso e impedir nuevas víctimas. Entre los fraudes más sonados, según la investigación de AP, había un falso psicólogo que vendía tratamientos dudosos, un falso abogado que prometía a estudiantes conseguir plaza en la facultad de Derecho, y empresarios que comercializaban asesoramiento financiero, pero que en realidad estafaban a la gente con las escrituras de sus casas. Vendedores de crecepelo, en suma, con cuyo perfil no coincide en principio la figura de Trump, aupado sobre su excelencia empresarial en el programa de telerrealidad El aprendiz, que le sirvió de trampolín a la Casa Blanca en 2016.
