Bartolo García
La violencia en Haití alcanzó un nuevo nivel de horror el pasado sábado, cuando dos drones kamikaze atacaron el barrio Simon Pelé de Cité Soleil, en Puerto Príncipe, durante una celebración infantil.
El objetivo era Albert Steevenson, alias Djouma, jefe de una banda local que festejaba su cumpleaños repartiendo regalos a niños de la comunidad. Sin embargo, el ataque terminó segando la vida de once civiles, entre ellos ocho menores.
De acuerdo con la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), los drones explotaron en medio de la fiesta, causando la muerte inmediata de niños de entre dos y diez años, además de tres adultos que participaban en la celebración.
Un segundo dron impactó cerca de la base de la pandilla, provocando la muerte de cuatro supuestos miembros del grupo e hiriendo a otros siete, aunque el líder objetivo del ataque salió ileso.
El hecho ha generado indignación, ya que entre los muertos se encontraba también una mujer embarazada, y al menos seis niños resultaron heridos en la explosión. Testigos hablaron de escenas de horror con cuerpos mutilados y familias destrozadas.
Las autoridades haitianas no han asumido responsabilidad oficial. Un vocero de la Policía Nacional declinó hacer comentarios y la oficina del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé se limitó a decir que hay una investigación en curso.
Este ataque forma parte de una estrategia impulsada desde marzo, cuando el gobierno contrató a militares extranjeros para operar drones armados, en un intento de frenar el avance de las pandillas que controlan gran parte de la capital.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales advierten que el uso de drones en zonas urbanas densamente pobladas viola el derecho internacional y expone a la población civil a un altísimo riesgo de daño colateral.
El líder pandillero Jimmy Chérizier, alias Barbecue, responsabilizó al gobierno de Fils-Aimé y aseguró que no hubo víctimas armadas en el ataque, sino únicamente civiles. En un video mostró imágenes impactantes de los niños fallecidos y acusó al Estado de masacrar a la población trabajadora.
La tragedia también puso en evidencia la fragilidad del sistema de seguridad haitiano. Según Pierre Espérance, director de la RNDDH, no existe rendición de cuentas por las muertes de civiles, mientras los líderes de las pandillas siguen moviéndose con total libertad.
El país atraviesa una de sus peores crisis humanitarias: más de 1,3 millones de personas han sido desplazadas por la violencia y casi 4.000 murieron solo en los primeros seis meses de 2025. Más de la mitad de los desplazados son niños, en condiciones incluso más precarias que tras el devastador terremoto de 2010.
Ante la magnitud de la crisis, Estados Unidos y Panamá han propuesto una nueva fuerza internacional contra las pandillas, de al menos 5.500 efectivos, aunque el plan aún debe ser votado en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia y China han expresado reservas.
Haití permanece sumido en el caos desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, con pandillas que controlan carreteras, barrios y hasta instituciones. El ataque con drones del sábado es un recordatorio doloroso de que la población civil es la más golpeada en esta espiral de violencia.
