Santo Domingo. – El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Mario Lama, informó que tras la implementación del protocolo de verificación migratorio en 33 hospitales estratégicos de la Red Pública, se ha producido una reducción significativa en los servicios médicos ofrecidos a ciudadanos haitianos, lo que representa un alivio considerable para la capacidad operativa y financiera del sistema público de salud.
Al comparar los datos correspondientes a los meses de enero y mayo 2025, se evidencia una disminución en todas las áreas de atención, en algunos casos hasta en más de un 67 %, luego de la entrada en vigor del protocolo, el pasado 21 de abril.
De 7,904 partos efectuados en enero, 38 % correspondieron a extranjeras haitianas; mientras que, de 4,785 partos efectuados en mayo, solo el 17.7% fueron de haitianas.
Las consultas a ciudadanos haitianos bajaron de 44,191 en enero a 14,426 en mayo de este año, para una reducción de un 67.36 %. Las emergencias registran un descenso de 41,044 a 13,631, para un 66.79 % y las cirugías fueron 3,079 en enero y 1,329 en mayo de este año, para una disminución de 56.84 %.
En enero se registraron 5,440 internamientos de haitianos y 1,972 en mayo, para un descenso de 63.75 % en la prestación de este servicio.
Igual los estudios de imágenes, bajaron de 24,990 a 14,484, para un porcentaje menos de 42.04 % y las pruebas de laboratorio, de 173,910 a 60,764, para un significativo 65.06 % de reducción.
Esta baja sostenida en la demanda se traduce en una reducción directa del gasto estatal en salud destinado a ciudadanos extranjeros en condición migratoria irregular, lo que permite enfocar mejor los recursos hacia las necesidades de la población dominicana.
El director del SNS valoró como positivo los resultados de esta medida, señalando que el país ha comenzado a ver los efectos de una política pública que busca ordenar el sistema de salud sin comprometer el acceso a atenciones esenciales.
Enfatizó que la atención en situaciones de emergencia, especialmente en embarazadas, menores y personas en condición crítica, continúa siendo ofrecida con los más altos estándares de calidad y humanización. “El objetivo no es negar atención, sino organizarla. Es una responsabilidad del Estado velar por la sostenibilidad del sistema y el uso justo de sus recursos”, agregó.
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