Los senadores y diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) informaron hoy que votarán en contra de una cuarta prórroga al estado de emergencia solicitado por el presidente Danilo Medina por la pandemia del coronavirus.
A continuación el comunicado íntegro:
Los legisladores del Partido Revolucionario Moderno estamos comprometidos con la garantía de la salud, la protección económica y los derechos democráticos de los ciudadanos dominicanos.
La medida de excepción, prevista por nuestra Constitución, otorga facultades extraordinarias al Jefe de Estado para tomar todas las decisiones necesarias para combatir la propagación del COVID-19; Pero estas facultades excepcionales no fueron aprovechadas en sus inicios por el Gobierno de la forma más oportuna posible para decidir y ejecutar el conjunto de políticas públicas necesarias para romper la cadena de contagio.
A través del tiempo, lo que hemos visto es todo lo contrario, un abusivo uso de esas facultades para favorecer a personas y compañías vinculadas al partido oficial y a su candidato presidencial.
Es evidente que por incapacidad, negligencia o malicia el Gobierno no ejecutó todas las acciones necesarias para detener la propagación del virus: la realización de pruebas masivas a los ciudadanos; el aumento temporal de la disponibilidad hospitalaria; y la adquisición transparente de los insumos y equipos imprescindibles para proteger al personal médico y de enfermería.
Entendemos que no es posible conceder facultades tan amplias y por tanto tiempo a un Gobierno incapaz de utilizarlas con la debida responsabilidad. El Gobierno utiliza el estado de emergencia como un cheque en blanco girado en favor de sus intereses electorales.
Nosotros votaremos en contra de esta nueva prórroga en esta ocasión y lo haremos así por las siguientes razones:
I.- El Gobierno, de acuerdo a declaraciones del propio ministro de Salud Pública, no ha realizado ninguna compra directa de kits de pruebas rápidas. El sistema de salud está trabajando con donaciones.
II.- El Ministerio de Salud Pública no ha implementado un programa de pruebas masivas y gratuitas que permitan detectar a todos los posibles contagiados en el territorio nacional.
III.- El Gobierno patrocina el uso político de los planes sociales, permitiendo la entrega sin la debida equidad que las circunstancias demandan.
IV.- El Gobierno no rinde cuentas, con el rigor necesario, ante el Congreso y los ciudadanos sobre las ejecuciones de todas las compras y contrataciones realizadas durante el Estado de Emergencia, como tampoco conduce a la justicia a sus infractores.
V.- El propio presidente de la República se vio en la obligación de cancelar todo el personal vinculado a los procesos de compras del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y otros procesos de licitación por la denuncia de irregularidades en las proyectadas compras.
El Gobierno perfectamente puede tomar las medidas requeridas en esta etapa para garantizar que no ocurra un rebrote. La ley 42-01 de Salud Pública, por ejemplo, autoriza al gobierno a tomar medidas de control para fines sanitarios que pueden hasta ser la de establecer horarios y condiciones de apertura de negocios, así como la imposición de regulaciones como el uso obligado de mascarillas y el distanciamiento social, entre otras. Algo similar ocurre con los procesos de compras puesto que la propia Ley 340-06 pueden ser declarados procesos de emergencia sin necesidad de la promulgación de un estado de excepción.
Para nosotros, los legisladores del PRM,cualquier aumento de contagios y fallecimientos es responsabilidad única del gobierno, que no busquen futuros culpables por no haber actuado según las sugerencias de organismos internacionales y haber rechazado todo tipo de colaboración de la oposición,lo primero es trabajar sin descanso para garantizar el pleno estado de salud de los ciudadanos dominicanos; pero también debemos ser vigilantes celosos del cumplimiento de las normas y el buen uso de los recursos públicos del país. Nadie dude que así lo haremos.
El estado de emergencia es una medida de excepción que no puede adoptar un carácter permanente sin poner en riesgo la institucionalidad democrática del país.
