Para aclarar las cosas de tal modo que todos los dirigentes políticos, funcionarios y ex funcionarios estén en igualdad de condiciones frente al tema de la corrupción y la transparencia, es necesario que el Ministerio Público se arme de valor y aplique al pie de la letra lo que establece la Constitución de la República en torno a la corrupción.
He dicho y escrito en múltiples ocasiones que el patrimonio de todos los que han ocupado posiciones públicas en los últimos 20 o 25 años sea rigurosamente investigado a partir de lo que dice la Constitución. Para hacer eso no hay que esperar la aprobación de la ley de extinción de dominio. Y de ese modo sabremos “quien es quien”, sabremos quien habla por hablar, quien tiene calidad moral para hablar y quien no, quien debe estar en la cárcel y quien puede seguir en libertad, para sanear y transportar la actividad política partidaria.
La Constitución aprobada precisamente por el Partido de la Liberación Dominicana, pero que fue letra muerta durante 16 años, dice:
“Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provechos económicos;
2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;
3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente;
4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita;
Ya quisiera ver la “idoneidad” del patrimonio de todos los miembros del Comité Político del PLD, de ahora y de antes de dividirse. De igual modo, sería más que interesante investigar las fortunas de todos los ex ministros y directores generales de los gobiernos de ese partido y del actual PRM.
No es el Ministerio Público quien debe demostrar la procedencia de las riquezas de ningún político, es a los “funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones a requerimiento de la autoridad competente”. ¡Si es así! ¿Por qué las autoridades no les piden a los ex funcionarios de los gobiernos del PLD, incluyendo a los ex presidente Leonel Fernández y Danilo Medina que prueban “el origen de sus bienes”?
(Yo vi -no me lo contó nadie- a César el abusador, vestido de blanco, junto con su esposa, en una millonaria actividad proselitista de un ex precandidato a la presidencia por el PLD en la lucha interna, que no posee fortuna, realizada en un lujoso hotel de la avenida Winston Churchill. Tengo testigos)
Cuando se destapó el escándalo de los sobornos de Odebrecht la sociedad civil exigió que se investigaran al presidente Danilo Medina y los ex presidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández. Los del PLD se metieron la lengua donde no les da el sol, en tanto que Hipólito emitió un documento desvinculándose de los sobornos y poniendo su patrimonio y el de su familia a disposición de la justicia en caso de que probara algún acto doloso de su parte, en un gesto loable.
La Procuradora General de la República, mi querida y respetada Mirian Germán, en atención a lo que dice la Constitución, puede revisar todas las declaraciones juradas de los funcionarios tanto del pasado como del presente, investigarlas cuidadosamente y pedirles que demuestren el origen de sus respectivas fortunas. Estoy seguro que la mayoría no podrá hacerlo, porque son el fruto de la corrupción. Si hace eso estoy seguro que no será necesaria una reforma fiscal por los miles de millones de pesos y de dólares que serán recuperados para invertirlos en obras de bien social como escuelas, hospitales y carreteras.
Presidente Abinader, saneando la práctica política saneamos el Estado. Y la corrupción será mínima. ¡Delo por seguro!
Todo el que no pueda demostrar que su dinero es limpio, que sea sometido a la justicia y sus bienes incautados para devolverlos al Estado de donde salieron. Así sabremos quienes son los políticos honestos y quienes son los sinvergüenzas ladrones. Anímese magistrada, usted no tiene que pedirle permiso a nadie, porque usted actúa apagada a la ley, como jueza de muchos años y ahora como jefa del Ministerio Público. Así sabremos cuales son los políticos serios y cuáles son los sinvergüenzas atrincherados en los partidos para cometer toda clase de fechorías. ¡Manos a la obra magistrada Germán! ¡El escenario es suyo!
Por JUAN T H
