Por Franklin Rosa
El gobierno dominicano que ha incurrido en gastos extraordinarios para enfrentar la COVID-19, y brindarle al pueblo una protección efectiva ante la crisis sanitaria, ha tenido que financiar con préstamos en dólares, y la deuda pública se ha disparado al 51 % del PIB; es la segunda plaga que sufre el país después de la terrible corrupción generalizada que hemos vivido durante los gobiernos del PLD. Con el déficit presupuestal y una urgente reforma fiscal que se aplicará, el pueblo tendrá que pagar, con sacrificio y precariedad, los prestamos recientes; privatizar, ceder, vender, donar o regalar 2,500 millones de dólares, mal contado, por 30 años, y que actualmente aporta al presupuesto nacional 180 millones de dólares anual, no es fácil de explicar ni entender el Contrato de Fideicomiso aprobado por la Cámara de Diputado.
La Central Termoeléctrica Punta Catalina es el único activo importante y valioso que dejó el gobierno del PLD, y considerada como un símbolo de la corrupción, donde todo lo relacionado con este proyecto, desde los contratistas extranjeros y los subcontratistas nacionales, jugaron con sobrevaluaciones y sobornos. El Gobierno dominicano no precisa cuanto costó ni cuanto tendrá que pagar por litigios pendientes al no realizarse la auditoría financiera y la auditoría técnico forense.
Lo único que está claro es que el gobierno dominicano y por ende el pueblo dominicano, es el dueño único al pagar a los Vicini 7 millones de dólares por los terrenos donde fue construida y porque recibe unos cientos 180 millones de dólares por año desde julio del 2020.
El embrollo es tan complejo que parece una nebulosa; no se explica que uno de los activos más estratégico y valioso que tiene el país de manera apresurada y bajo una Ley que esta pendiente de ser conocida por el Congreso se enajene por 30 años bajo el secretismo y la confidencialidad que implica un Fideicomiso; y es más compleja la situación, al hacerse un traje a la medida, mediante contrato, asignándosele este botín a un Comité Técnico, que no son técnicos, pero si empresarios que negocian en el sector eléctrico; al Banco de Reserva como administrador del Fideicomiso Público, pero que no administrara nada, porque delega en el Comité Técnico, quien administrará y gerenciará todo, con competencia de enajenar, hipotecar y endeudar con garantía del Estado, sin ninguna responsabilidad y consecuencia, con solo un simple acto de firma privada. Este super Comité Técnico tendrá también la facultad de cambiar al Banco de Reserva como Fideicomisario Original por cualquier causa, y podrá también agregar a su antojo Fideicomitentes Adherentes cambiando la base de la tenencia de este bien público
Lo elegante de la figura jurídica del Fideicomiso Público es que para el Comité Técnico empezar a administrar se le pondrá en las manos 1 millón de dólares y 100 millones de pesos.
Es verdad que todas las empresas públicas, algunas muy viejas, como el Banco de Reserva, fueron politizadas y parte de la trama de corrupción que dirigió el gobierno peledeista; se entiende que toda esta burocracia gubernamental y los tecnócratas bien preparados y capaces que tenemos en el flamante y nuevo Ministerio de Energía y Minas, con su ministro Ing. Antonio Almonte, son aptos para dirigir, supervisar técnica y financieramente una nueva compañías pública, autónoma y descentralizada del Estado, como la mayoría de los acueductos del país, enarbolando el sentir del pueblo de transparencia y honestidad.
