Por JUAN T H
A propósito de la decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de reducir el número de diputados y de municipios drásticamente, lo que permitirá un ahorro de aproximadamente 250 millones de dólares anuales, hace tiempo que en la República Dominicana debió suceder lo mismo, pero la llamada “clase política” nuestra ha hecho exactamente lo contrario: han aumentado el presupuesto del Congreso, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, los ayuntamientos y los distritos municipales, entre muchas otras instituciones. ¡Una locura!
Para un país pequeño y pobre como el nuestro, una sola cámara en el Congreso bastaría; 12 alcaldías, más el distrito, serían suficientes, más 40 o 50 municipios e igual número de distritos. Pero la “clase política”, ambiciosa y depredadora, que solo piensa en sí misma, ha saturado el Estado, lo ha hecho inmanejable con instituciones públicas para el robo y el saqueo del dinero de los contribuyentes, es decir, para la corrupción.
El Estado dominicano es demasiado grande y costoso. La democracia dominicana debe estar entre las más caras del mundo, pero sin satisfacer las necesidades del pueblo, que, al contrario, no sale de la marginalidad y la pobreza.
Este país de 48 mil kilómetros cuadrados tiene 32 senadores, uno por provincia, incluyendo el de la capital; 190 diputados, 178 territoriales, 5 nacionales y 7 de ultramar, que nadie sabe lo que hacen.
Este país de apenas 48 mil kilómetros cuadrados, ubicado “en el mismo trayecto del Sol”, está dividido políticamente en 10 regiones, 31 provincias, 158 municipios y 235 distritos. ¡Y los que faltan, porque hay varias comunidades esperando ser elevadas de categoría jurídica! No puedo olvidar la Liga Municipal Dominicana y no sé cuántas instituciones más relacionadas con el tema.
Díganme ustedes, queridos lectores, si no es una barbaridad, si no es una locura, si no es “mucho con demasiado”. A toda esa burocracia legislativa y municipal hay que sumarle la cantidad de fiscales, jueces con todas sus jurisdicciones, sus instancias, sus Cortes, altas y bajas; la JCE, el TSE, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, abogados y fiscales, el financiamiento de los partidos y asociaciones políticas, etc.
Pocos países tienen tantas leyes como el nuestro. El populismo congresual no tiene límites. Pero somos al tiempo el país donde menos se cumplen las leyes, por falta de un régimen de consecuencias. Todo lo prohibido aquí se permite. Los túneles, los elevados y los semáforos, son la mejor demostración.
Y no paro de contar: tenemos ministros, viceministros, directores generales; tenemos por montones, Consultores, Asesores, etc., etc., etc. Todos con sus oficinas, sus privilegios, sus yipetas, secretarias, choferes, celulares que no toman nunca, conserjes, etc. La nómina pública asciende, más o menos, a unos 600 mil. Algo insólito. Hay funcionarios que ganan cuatro o cinco veces más dinero que el presidente de la República que es el único elegido por el pueblo. No exagero si digo que el Banco Central de la República Dominicana es más grande que el Banco Central de Chile y de muchos otros países más grandes y más desarrollado.
Lo que quiero decir, con todos estos argumentos, es que, en la República Dominicana, la sensatez y el buen juicio debe llegar alguna vez, que la mal llamada “clase política”, debería discutir y llegar a un consenso sobre el país que quiere para el futuro, porque el Estado tiene que ser transformado reduciendo su tamaño, hacerlo equitativo y ágil, un país para todos, no para determinados grupos económicos, políticos y sociales como el que tenemos.
Hay que eliminar muchas de sus instituciones, otras hacerlas más pequeñas y ágiles. Burocracia cero, como bien afirma el presidente Luís Abinader.
Modificar la Constitución para crear un verdadero Estado Democrático de Derechos, es necesario. No esperemos que llegue al poder un Nayib Bukeque para hacer lo que hay que hacer, porque puede ser más traumático. Un Estado grande, para un país pequeño, ¿para qué sirve? ¿A quién beneficia? A las élites políticas y económicas, que lejos de ser la solución a los problemas nacionales, se han convertido en el verdadero problema.
