El caso involucra la operación irregular de un centro terapéutico y afectaciones a niños con autismo y sus familias
El Ministerio Público solicitó ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional una condena de siete años de prisión contra Elizabeth Silverio Silien, acusada de ejercer ilegalmente en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).
Además de la pena privativa de libertad, el órgano acusador pidió la imposición de una multa equivalente a 50 salarios mínimos, el decomiso de las evidencias ocupadas y la revisión de la medida de coerción, alegando riesgo de fuga debido a la gravedad de los hechos y la posibilidad de una nueva condena.
Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público sostuvieron que la imputada desarrolló un esquema de estafa dirigido a padres de niños con trastorno del espectro autista (TEA), haciéndose pasar por especialista en neurociencia y psicología sin contar con la formación ni las autorizaciones legales correspondientes.
Según la acusación, Silverio habría utilizado documentos falsificados, incluyendo títulos académicos y un número de exequátur inexistente, para generar confianza en las familias y captar pacientes en su centro.
Las investigaciones establecieron que la acusada no posee registro académico válido ni habilitación legal para ejercer en el área de la salud, conforme a certificaciones emitidas por universidades, el Ministerio de Salud Pública y otras entidades competentes.
Testimonios presentados por los padres afectados indicaron que la procesada realizaba evaluaciones, emitía diagnósticos y aplicaba terapias sin respaldo profesional, llegando incluso a diagnosticar condiciones inexistentes, lo que habría provocado retrasos en tratamientos adecuados y afectaciones en la salud de los menores.
El Ministerio Público también señaló que el centro operaba sin las debidas autorizaciones, motivo por el cual fue clausurado por las autoridades sanitarias tras detectarse múltiples irregularidades.
Asimismo, informes financieros incluidos en el expediente evidencian que la actividad tenía fines lucrativos, generando ingresos significativos mediante los servicios ofrecidos, lo que refuerza la tesis de que el engaño fue utilizado para obtener beneficios económicos.
El órgano persecutor calificó los hechos como especialmente graves debido a la vulnerabilidad de las víctimas, al tratarse de niños que requieren atención especializada, cuyas familias confiaron en la acusada en busca de soluciones.
De acuerdo con la acusación, las acciones se enmarcan en los delitos de estafa, falsificación y uso de documentos falsos, contemplados en el Código Penal Dominicano, así como en disposiciones de la Ley General de Salud y la normativa de protección de niños, niñas y adolescentes.
Tras concluir la presentación de las partes, la jueza Milagros Ramírez Cabrera dejó el caso en estado de fallo, fijando la lectura de la sentencia para el próximo 14 de abril de 2026 a las 2:00 de la tarde.
