El Ministerio Público continuará este martes sus discursos acusatorios finales en contra de los dos últimos imputados de corrupción en el caso Odebrecht. Luego le toca el turno a la defensa de los acusados.
En la audiencia, pautada para comenzar a partir de las 9:00 de la mañana, cargará contra el exministro de Obras Públicas y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrado Pittaluga Arzeno.
Este lunes presentó los alegatos de clausura contra el empresario Ángel Rondón Rijo, el exsenador de San Cristóbal, Tommy Alberto Galán Grullón; el expresidente del Senado, Porfirio Andrés Bautista García, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
A todos les imputa haber participado en la recepción y distribución de los US$92 millones que la constructora brasileña admitió haber entregado en el país como sobornos con el fin de ser favorecida con la adjudicación de grandes obras estatales.
Las audiencias son efectuadas en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a cargo de las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.
La acusación del MP
En la audiencia de este lunes, los fiscales Mirna Ortiz, Joel López y Ángel Darío Tejeda Fabal presentaron los alegatos de clausura contra Ángel Rondón Rijo, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Porfirio Andrés Bautista García.
El Ministerio Público acusó a Ángel Rondón Rijo de haber constituido un “entramado societario conformado por varias empresas que sirvieron para lavar dinero ilícito de esa empresa”.
Joel López continuó con la exposición de la conclusión respecto a los sobornos supuestamente entregados a Tommy Alberto Galán Grullón.
“El representante del Ministerio Público dijo que el tribunal ha podido comprobar, durante el juicio, cómo Galán Grullón fue aumentando sus ingresos de forma ilegítima”, indica el documentos.
Explicó, durante su intervención, que su crecimiento patrimonial se produjo cuando la empresa Odebrecht estaba en pleno apogeo, “cuando se estaban desarrollando las obras de importancia que realizó esa compañía en el país”.
Posteriormente, presentó el discurso de clausura respecto al procesado Roberto Rodríguez Hernández, de quien dijo ocultó informaciones relevantes en sus declaraciones juradas.
En ese sentido, indicó que no declaró varias sociedades comerciales de las cuales formaba parte, entre ellas, algunas de las que tenía el 50 % de las acciones según las pruebas obtenidas.
Acusó a Juan Roberto Rodríguez Hernández de incurrir en actividades del lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en declaraciones juradas.
El fiscal Tejeda Fabal presentó el discurso contra Porfirio Andrés Bautista García, durante el cual aseguró que se enriqueció de manera ilícita.
“Además, según las pruebas aportadas por el Ministerio Público quedó evidenciado la falsedad en sus declaraciones juradas de bienes al omitir de forma deliberada la existencia de una gran cantidad de bienes”, dice la nota.
De su lado, Wilson Camacho, titular de la Pepca, reafirmó que el exsenador exhibió un enriquecimiento de más de más de 1,090 millones de pesos. Como un solo ejemplo recordó que el Ministerio Público presentó al tribunal una lista de bienes inmuebles que fueron excluidos por el imputado en su declaración jurada de patrimonio.
Aseguró que éste presentó dos declaraciones juradas fuera de fecha. “Y hemos establecido cómo se actuó en consecuencia contrario a la Ley 82-79, que es la que regía la materia”, agregó Camacho, quien encabeza el equipo de fiscales litigantes que forman parte de la lucha contra la impunidad
Lo que cree Camacho
Para Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el Ministerio Público ha aportado las pruebas suficientes para lograr una condena contra los imputados de corrupción en el caso Odebrecht.
“En el día de hoy hemos demostrado al tribunal cómo los funcionarios involucrados en este proceso deben ser condenados por enriquecimiento ilícito y esas pruebas se aportaron en el tribunal, incluso, indicando los bienes y cuentas que fueron ocultados por funcionarios que están vinculados en este proceso”, precisó Camacho, conforme a una nota de prensa suministrada por la Procuraduría General de la República.
