Por Rafael Polanco
Periodista y politólogo
Los ciudadanos que se ven precisados a acudir o son llevados en calidad de detenidos a las sedes de un Juzgado de Paz, se encuentran con instalaciones, en su mayoría, en franco deterioro, poco espacio, escasa seguridad y, en algunos, hasta con cucarachas y ratones por montón.
Pienso que los más afectados por esa situación son los jueces, fiscales y otros servidores públicos que tienen que acudir diariamente a esos lugares para realizar su trabajo. Esto lo pude comprobar recientemente cuando acudí a un Juzgado de Paz a tratar un caso que envuelve a un pariente cercano.
Los superiores de los servidores judiciales que prestan servicio en los Juzgados de Paz harían muy bien si se dieran una vueltecita por esos lugares, sobretodo, a aquellos que a simple vista se puede observar las limitaciones y precariedades con las que trabaja en una buena parte de ellos.
Aunque no es mi especializada los temas judiciales, ver la situación del Juzgado de Paz que visité recientemente, me llamó la atención y me puse a indagar sobre el tema. En el país existen 214 de estos tribunales, que se dividen en ordinarios, de los que funcionan 164, especiales de tránsito, con 41 y de asuntos municipales, con nueve.
Los Juzgados de Paz se definen como tribunales unipersonales y en la estructura judicial son considerados órganos jurisdiccionales de jerarquía menor, quizás por esa razón carecen de una vigilancia estricta, como la que se puede observar en cortes superiores y ni pensar en la instalación de cámaras de seguridad.
Observando esa situación y tomando en cuenta que el Ministerio Público dispone de cerca de100 millones de pesos, cobrados abrogando funciones que corresponden a la justicia, a los violadores del toque de queda y por el no uso de mascarillas, pienso que esos recursos, ya en manos de las autoridades y, frente al hecho cierto de la imposibilidad material de devolverlos a sus legítimos dueños, bien podría ese dinero especializarse para rehabilitar o reconstruir las sedes de aquellos Juzgados de Paz que estén en peores condiciones.
Creo conveniente destinar ese dinero a mejorar sus instalaciones físicas, pintar los que así lo requieran y adquirir equipos y materiales de trabajo que de seguro les hace falta a los servidores judiciales para cumplir sus tareas.
Lo bueno es que ese dinero está ahí, así lo admitió la Procuradora General de la República, magistrada Miriam Germán Brito, en el documento con el que pretendió legitimar el cobro de multas ilegales que venía ejecutándose desde el inicio de la pandemia de Covid-19, por la aplicación del toque de queda, desde marzo pasado.
De acuerdo a lo señalado por la magistrada Germán Brito, desde que se estableció el toque de queda habían ingresado a la Procuraduría poco más de 92 millones de pesos por sanciones a personas y negocios que violan esa disposición o que andan sin mascarillas en espacios públicos, arriesgando sus vidas y las de otros.
La situación amerita que se le ponga atención, dado que los Juzgados de Paz, por lo general, tienen un gran movimiento de personas en busca de los servicios que allí se ofrecen y, que en lo adelante se verán con un mayor flujo de ciudadanos, ante la decisión de que quienes sean detenidos violando el toque de queda o sin mascarillas, serán conducidos a ellos para conocer sus casos.
Hasta ahora, las personas detenidas por violar el toque de queda o por no usar mascarillas en lugares públicos eran conducidas a las diferentes fiscalías para que pagaran las multas ilegales correspondientes.
Qué bueno que eso cambió, porque la magistrada Germán Brito entendió que errar es de humano y reculó con esa medida inconstitucional, por demás, pero a la gente que no quiere ajustarse a las disposiciones administrativas, legales o no, que se prepara, porque ahora sí se presentarán situaciones en las que pasarán varios días detenidas hasta que un juez decida su sanción, que puede ser multa o trabajos públicos.
Muchas de las sedes donde funcionan los Juzgados de Paz están falta de pintura, tienen puertas y ventanas deterioradas, tiene poco espacio, dado que la población ha crecido de manera vertiginosa y esa situación no ha sido tomada en cuenta por quienes tienen la responsabilidad de atender esas cosas.
Con la nueva situación, ahora los superiores tendrán que poner atención a esos tribunales que, aunque de menor jerarquía, prestan un gran servicio a la sociedad, aunque también han sido escenario de hechos de violencia y hasta de muerte en el Gran Santo Domingo y otras demarcaciones.
En lo que no pierden tiempo los funcionarios de ayer y de hoy es en aplicar sanciones que involucren el cobro de recursos financieros para nutrir los ingresos del fisco, sin tratar en lo más mínimo de especializar ese dinero para mejorar los servicios en favor de la ciudadanía.
La idea de especializar los recursos que, ya fueron cobrados por el Ministerio Público en multas ilegales, para mejorar la infraestructura y la calidad de los servicios de los Juzgados de Paz está lanzada. Ojalá sea bien ponderada y acogida por las autoridades.
