La corrupción administrativa desde el Estado Dominicano ha permeado los cimientos de esta sociedad tercermundista, en la pasada administración del expresidente Danilo Medina Sanchez se rompieron los parámetros de la corrupción, practica como el nepotismo, tráfico de influencia, sobrevaluaciones y desordenes administrativos y los desafueros fueron el plato de cada día, luce ser que Luis Abinader Corona tiene buenas intenciones, pero lo están arropando ese flagelo, dándose el caso notorio de ser cierta la información de que el ministro Roberto Fulcar ha dilapidado diez Mil millones de pesos en leche, cuando las escuelas están todas cerradas por la pandemia del covid-19.
¿Qué es la corrupción?
En términos simples, la corrupción es “el abuso de poder público para obtener beneficio particular”1. Sin embargo, las definiciones de corrupción y su impacto varían. No se puede suponer que la corrupción siempre signifique la misma cosa o que tenga el mismo impacto o motivación.
¿Un ejemplo?
Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo entre otros.
LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PÚBLICO
Los cambios sociales, económicos y políticos en las sociedades contemporáneas se suceden cada vez con mayor velocidad dada la extensión de los efectos de la era de la información y la globalización. La actividad criminal en tanto que fenómeno social también muta con rapidez, lo que genera una necesidad creciente de actualización y de constante adecuación de los ordenamientos jurídicos a fin de brindar al Estado y a la sociedad los medios más efectivos y garantistas para combatirla.
La corrupción en sentido lato es uno de estos fenómenos que evoluciona constantemente para evadir los controles que se han dispuesto a fin de garantizar la confianza pública en las instituciones. Tal circunstancia demanda la revisión periódica de los instrumentos normativos destinados a prevenir y combatir su flagelo.
La corrupción afecta a las instituciones del Estado, la labor de los funcionarios y la vida cotidiana de los ciudadanos. Lejos de ser un fenómeno aislado que se circunscribe sólo a las altas esferas del poder político o económico, es clara también su incidencia en la esfera social. Su importancia no radica sólo en los bienes que se desvían o en la cantidad de dinero que el Estado pierde, sino, sobre todo, en los derechos que vulnera y en las barreras que genera en el acceso a los servicios básicos de salud, educación, justicia, entre otros. Así, desde esta mirada, la corrupción implica un problema de derechos. Para poder combatirse, la corrupción necesita ser mostrada. A través de la denuncia, los actos de corrupción salen a la luz pública para ser investigados y sancionados. El compromiso ciudadano en la lucha contra la corrupción requiere entonces no callar frente a actos corruptos, sino más bien denunciarlos para evitar la impunidad. No obstante, de acuerdo con las encuestas nacionales sobre la percepción de la corrupción realizadas por Proteica, la mitad de los ciudadanos entrevistados no sabe dónde realizar una denuncia por corrupción. Este porcentaje se ha mantenido a lo largo de las siete encuestas realizadas durante la última década (2002-2012). Este indicador respecto del nivel de desinformación de los mecanismos de denuncia nos da cuenta de la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra este flagelo. En este contexto, la Defensoría del Pueblo, a través de su Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas, ofrece la presente Guía práctica para la denuncia ciudadana contra actos de corrupción y otras faltas contra la ética pública, que está dirigida a todo ciudadano interesado en conocer con cierto detalle los mecanismos legales existentes para la denuncia de actos de corrupción y de faltas disciplinarias relacionadas con hechos corruptivos, así como a capacitadores de la sociedad civil como una herramienta para empoderar a la ciudadanía respecto de estos mecanismo.
La República Dominicana debe de luchar contra este flagelo, cada cuatrienio viene gobiernos diferentes con la finalidad de enriquecerse y acumular cuantiosa fortuna en detrimento de la sociedad, mientras los ladrones de cuellos blancos andan sueltos, los hijos de machepa caen presos por el simple hecho de robarse un racimo de plátano, mientras los que roban millones de dólares y pesos se pavonean por las calles libre como el viento, en este país llamado República Dominicana.
Por William Reina Rivas
