En Japón fue ejecutado en la horca Tomohiro Kato, de 39 años, autor de la llamada masacre de Akihabara. Había sido condenado por la muerte a puñaladas de siete personas en junio de 2008 en el distrito Akihabara, de Tokio.
Kato había preparado el ataque en forma meticulosa y mostró una fuerte intención de matar, según el ministro de Justicia, Yoshihisa Furukawa. La sentencia de muerte fue dispuesta por la Corte Suprema.
El domingo 8 de junio de 2008, poco después de las 12.30 del mediodía, Kato irrumpió con un camión en Akihabara, una zona muy concurrida de la capital especializada en tecnología y videojuegos.
Embistió a la multitud en su calle principal, que ese día estaba cortada al tránsito. Tras atropellar a cinco personas, tres de las cuales murieron, Kato se bajó del camión y apuñaló a una docena más. Cuatro perdieron la vida. El suceso conmocionó a Japón. Esa área no volvió a ser peatonal los domingos hasta tres años después.
Kato tenía entonces 25 años. Fue condenado a muerte en 2011. La sentencia quedó firme en 2015. El tribunal rechazó la apelación de la defensa sobre la posibilidad de que no estuviera en sus cabales. Cuando provocó la masacre, Kato trabajaba en una fábrica de piezas para automóviles en la provincia de Shizuoka, al oeste de Tokio, que estaban reduciendo personal. Tres días antes de la masacre, salió de la fábrica a los gritos. Temía perder su empleo. No regresó.
Hijo de un banquero, se graduó en una escuela de primer nivel y falló en las pruebas de ingreso en la universidad. Su autoestima cayó en picada después de que una mujer con la que chateaba dejó de enviarle correos electrónicos cuando le envió una fotografía suya. Creció su enojo cuando anunció en una página web que iba a cometer una matanza. Nadie le prestó atención.
La ejecución de Kato es la primera aplicación de la pena capital en Japón desde diciembre pasado, cuando tres personas condenadas por asesinato fueron ejecutadas en la horca el mismo día. Japón y Estados Unidos figuran entre los últimos países industrializados y democráticos que siguen aplicando la pena capital, castigo que tiene amplio respaldo entre los japoneses. El gobierno cree que no es apropiado abolirlo.
