Santo Domingo, RD.- El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, fue intimado judicialmente para que se refiera a la querella formalizada contra varios funcionarios del Banco de Reservas, el ministro de Industria y Comercio y otras personas vinculadas a la operación de compra del edificio que aloja el MICM.
La intimación a Guerrero es en su condición de presidente del consejo de administración del Banco estatal, cuyo administrador general, licenciado Simón Lizardo, figura en el expediente.
También son citados el ministro de MICM, arquitecto Nelson Toca Simó, el exministro Temístocles Montás, así como el ex subadministrador del banco, José Manuel Guzmán Ibarra y la Josefina Antonia Abreu Yarull, del área jurídica del BR.
Los funcionarios figuran en la querella junto a los empresarios particulares Ramón Andújar Ramírez y Publio Silva Valencia, quienes negociaron el edificio con el Banco estatal y el MICM.
La querella, interpuesta por el abogado Ángel Moreta, busca establecer el grado de afectación que tuvo el Estado mediante la operación de compra por vía de la cual el MICM adquirió su edificación actual y que el querellante considera hubo un daño cercano a los ocho millones de dólares.
El doctor Moreta señaló que la querella fue depositada el 28 de junio pasado debido a la inercia del Ministerio Público y motivado por la sentencia 0362/2019 del Tribunal Constitucional, que devuelve la facultad a los ciudadanos e instituciones sin fines de lucro, de querellarse en contra de los funcionarios públicos.
“El acto se contrae a lo siguiente: comprobar si el ministro tuvo conocimiento al momento de autorizar la compra del inmueble, de todas las violaciones e irregularidades que motivaron la querella, entre ellas, la inobservancia al procedimiento de Compras y Contrataciones Públicas, la imposibilidad de ejecución de garantía para la entrega del inmueble, ausencia de poder del Presidente de la República y fijación del balance de la vendedora al momento de la firma del contrato”, señala la intimación.
El querellante recuerda que el inmueble fue adquirido por el monto de treinta y un millones de dólares, donde el Estado habría sido perjudicado con más de ocho millones de dólares.
