Conocida la posición de los partidos opositores en el Congreso Nacional “de no aprobar otra más cuarentena”, el Poder Ejecutivo deberá decidir esta semana si envía o no una nueva solicitud de extensión del estado de emergencia nacional.
El actual período está vigente hasta el próximo domingo 14, después de ser aprobado por 12 días en el Congreso Nacional en medio de la advertencia de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, la Fuerza del Pueblo y organizaciones aliadas, de no aprobar una quinta oportunidad.
En esa situación resulta incierto que el Poder Ejecutivo se aboque a enviar una nueva solitud de extensión del estado de emergencia, ya que para aprobar el anterior fue necesario un pacto entre todas las fuerzas políticas.
Según el reglamento, la solicitud debe enviarse a los legisladores cinco días antes de la fecha de vencimiento de la vigente.
El estado de emergencia nacional está en vigor desde el 19 de marzo pasado.
La República Dominicana comenzó el pasado 18 de mayo la fase 1 de la desescalada, con la reapertura de empresas y de las tiendas de calle, así como del transporte colectivo estatal, y luego se decidió adelantar la reapertura de las tiendas de los centros comerciales para permitir las compras en el Día de las Madres.
Hay muchas expectativas sobre la posibilidad de que el presidente Danilo Medina proponga que se apruebe, por quinta ocasión, el estado de emergencia.
Esas propuestas casi siempre el Senado las apruebas sin mayores obstáculos; pero la pluralidad y la correlación de fuerzas en la cámara baja hacen muy difícil que la pieza sea aprobada o, al menos, tal como la presentan.
Es que la totalidad de los partidos que conforman el bloque opositor anunciaron que no votarán por la prórroga del período de excepción.
La Cámara de Diputados está compuesta de 190 legisladores, de los cuales 97 están representados en el bloque opositor, y 93 en el oficialismo.
De entre estos, 80 pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y sus aliados; el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tiene 11, y dos del bloque (BIS-PPC), o sea, del Bloque Institucional Social Demócrata y el Partido Popular Cristiano.
Los opositores tienen 57 del Partido Revolucionario Moderno; siete del Reformista Social Cristiano, 27 de la Fuerza del Pueblo; uno del Frente Amplio; uno de Alianza País, e igual número el Quisqueyano Demócrata, y tres del recién aliado Partido Liberal Reformista, que lidera el senador Amable Aristy Castro.
Para aprobar la pieza se necesita mayoría simple, es decir, la mitad más uno.
Ayer se corrió el rumor de que los oficialistas estarían nueva vez conquistando, al menos, a tres diputados opositores que pertenecen a un partido pequeño, con los que sumarían 96, y los que se oponen quedarían con 94.
Al explicar el porqué de una nueva prórroga, el presidente Medina sostuvo que un levantamiento abrupto provocaría mayores brotes, al tiempo que consideró que el toque de queda es una medida crucial “con el solo propósito de proteger la salud del pueblo dominicano”.
El PRM
El bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), liderado por Alfredo Pacheco, anunció su oposición a una prórroga del estado de emergencia, tras asegurar que las facultades excepcionales conferidas al Gobierno “no fueron aprovechadas”.
Pacheco afirmó que mediante “medidas ineficientes y maliciosas” frente al Covid-19, el Gobierno ha sido incapaz de evitar la propagación del virus de manera oportuna.
De acuerdo con el legislador, la falta de compras directas de pruebas rápidas para detectar el coronavirus es muestra de que no se necesita extender el estado de emergencia, y afirmando que el Ministerio de Salud Pública trabaja con donaciones.
Similarmente, expresó que a través de la Ley 42-01 de Salud Pública el oficialismo puede tomar las medidas de control sanitarias necesarias para evitar un rebrote, y que mediante la Ley 340-06 pueden declarar la compra de insumos médicos como “proceso de emergencia”, sin la necesidad de un estado de excepción para hacerlo.
Sobre las compras, Pacheco aseveró que las instituciones no han rendido cuentas con el rigor necesario en este rubro frente al Congreso durante el período de emergencia nacional, al señalar el caso del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) en el que fueron despedidas varias personas por irregularidades en los procesos de compra.
Pacheco denunció que el Gobierno continúa usando los planes sociales destinados como ayuda durante la pandemia del Covid-19 con fines políticos, y que estos no son repartidos de manera equitativa.
DESTINO FINAL
¿Qué pasaría?
Si la solicitud no es aprobada, el presidente Danilo Medina estaría obligado a levantar el estado de emergencia, tan pronto culmine el vigente, según explicó el vocero de la FP, Henry Merán.
Si el presidente no lo hace, entonces el Congreso convocaría a una sesión para hacerlo, y si ninguno de los dos lo hace, aun así, la situación de emergencia terminaría en la fecha que fue aprobada la última vez.
