Bartolo García
Santo Domingo.– La Fuerza del Pueblo (FP) denunció este martes que legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) promueven en el Senado un proyecto de ley que, según afirma, permitiría realizar pagos millonarios con recursos del Estado por supuestas deudas derivadas de obras de infraestructura ejecutadas fuera del marco legal.
Durante una rueda de prensa, el secretario de Asuntos Jurídicos de la organización, Raúl Martínez, calificó la iniciativa como un “mayúsculo desatino” que contraviene la Constitución y representa una seria amenaza para la sostenibilidad fiscal del país, al autorizar erogaciones sin las debidas garantías legales.
Martínez explicó que la propuesta busca reconocer como acreedores del Estado a cientos de personas físicas y jurídicas sin haber verificado previamente la validez de los contratos, la ejecución real de las obras ni los montos exactos adeudados, lo que podría dar paso a pagos sin respaldo documental.
El dirigente advirtió que esta situación abre la puerta a posibles actos de corrupción a gran escala, al permitir que se paguen facturas por trabajos que no fueron contratados bajo los procedimientos normativos vigentes ni sujetos a los controles financieros correspondientes.
“Esta propuesta legisla de manera irresponsable y opaca. Abre la puerta a que el Estado pague facturas sin respaldo contractual”, expresó Martínez, señalando que esto debilita los mecanismos de control del gasto público y compromete la transparencia en el uso de los fondos nacionales.
La Fuerza del Pueblo recordó que una iniciativa similar ya había sido observada por el Poder Ejecutivo a inicios de este año, pero aseguró que legisladores oficialistas han insistido en retomarla, pese a que vulnera principios como la responsabilidad financiera y la legalidad presupuestaria.
Además, la organización sostiene que el proyecto entra en conflicto con normativas fundamentales como la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, la Ley de Crédito Público, la Ley de Planificación e Inversión Pública y las disposiciones vigentes sobre contrataciones públicas.
Ante este panorama, la FP exigió al Senado archivar definitivamente la pieza legislativa y pidió al Poder Ejecutivo vetarla en caso de ser aprobada, reiterando que se mantendrá en “modo centinela” frente a cualquier intento de legitimar el uso discrecional de los recursos del Estado.
