Valoración de FINJUS sobre los cambios en el Ministerio de Educación
Legalidad en la designación de directores regionales
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha valorado positivamente los cambios que está llevando a cabo el Ministerio de Educación, especialmente la designación de los 18 directores regionales. Esta medida ha generado controversia con la Asociación Dominicana de Profesores, pero FINJUS considera que el Ministerio actuó conforme a la legalidad establecida en la Ley Orgánica de Educación de la República Dominicana No. 66-97.
El Ministerio utilizó los mecanismos previstos en la Ordenanza No. 24-2017 para la selección de los directores regionales, encomendando a una Comisión de Expertos el estudio de los expedientes de los 149 candidatos presentados. Según la información proporcionada por el Ministerio, los profesionales seleccionados cumplen con los criterios de idoneidad y competencia exigidos por la Ley y la Ordenanza.
Rechazo de la ADP y acciones antidemocráticas
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha manifestado su desconocimiento de la decisión del Ministerio de Educación y ha iniciado acciones para impedir que los designados asuman sus funciones. FINJUS considera que estas acciones son antidemocráticas y representan una amenaza a la estabilidad y gobernabilidad del país, así como al derecho fundamental a la educación de los niños y adolescentes dominicanos.
Esta actitud recuerda a las acciones de algunos gremios del transporte que han obstaculizado el libre tránsito en el país. FINJUS insta al Ministerio de Educación a tomar las medidas legales necesarias para garantizar el derecho a la educación en la sociedad dominicana y a enfrentar esta situación con firmeza y respeto al debido proceso y los procedimientos legales vigentes.
Conclusión
Es fundamental que todos los sectores de la sociedad respeten el ordenamiento jurídico y eviten erigirse en jueces y partes en conflictos democráticos. FINJUS insta a resolver esta situación con apego a la legalidad y garantizando el derecho a la educación de todos los ciudadanos dominicanos.
