SANTO DOMINGO.-El experto en derecho electoral, Dr. José de Jesús Orozco Henríquez favoreció que el Congreso Nacional amplíe las competencias contenciosas del Tribunal Superior Electoral (TSE), para conocer y resolver conflictos que son conocidos por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), ya que se genera “confusión” al conferir a dos órganos distintos la solución de conflictos electorales.
Durante su exposición en el panel “Sistema de Justicia Electoral y de Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina”, Orozco consideró que es “más funcional y eficiente” que el TSE concentre todas las competencias para solucionar y resolver todos los conflictos derivados de los procesos electorales.
En ese sentido, respaldó la posición del Juez Presidente del TSE, Magistrado Román Andrés Jáquez Liranzo, de solicitar al congreso dominicano la modificación de la Ley 29-11 para ampliar las competencias de esa alta corte, la cual expresó en su discurso durante la audiencia solemne celebrada con motivo del séptimo aniversario del TSE, para que se modifique la ley 29-11 orgánica del TSE, para que se le otorguen, de manera expresa, las competencias necesarias omitidas y que deben ser partes de sus atribuciones jurisdiccionales como órgano contencioso de un sistema electoral desconcentrado, permanente y especializados.
Financiamiento de partidos
Por su lado, el doctor Daniel Zovatto, al abordar en el panel el tema del financiamiento de los partidos políticos, aseguró que “la democracia no tiene precio pero si tiene un costo, por lo que el dinero es una espada de doble filo que hay que regular y fiscalizar”.
Tras señalar que no hay política sin dinero, Zovatto manifestó que “éste debe tener límites para que no haya peligro de dañar la política, porque lo peligroso es que políticos traten de pagar favores a empresas o empresarios que soportan campañas”.
Consideró necesario reformar el financiamiento público de los partidos “que no tiene una tendencia clara y evitar la penetración de dinero del narcotráfico, del crimen organizado e impedir que dinero privado capture al partido o a los funcionarios electos”.
Zovatto entiende que la relación del dinero con la política “es compleja pero indispensable” y llama a fortalecer el sistema de partidos políticos garantizando transparencia y equidad en la competencia electoral, pero aboga por sanciones para quienes violen la ley electoral y el financiamiento.
Criticó que la Ley 33-18 sobre agrupaciones políticas del país permita la participación de ciudadanos en primarias de un partido al que nunca han pertenecido “y tampoco deja claro cuánto y de qué forma será el financiamiento público, mientras el privado debe ser controlado”.
