MIGUEL JIMÉNEZ
elpais.com
Estados Unidos continúa su cruzada contra las grandes tecnológicas. Usando unas en ocasiones el Departamento de Justicia y en otras, la Comisión Federal de Comunicaciones (FTC), el Gobierno de Joe Biden ha emprendido una ofensiva contra lo que considera prácticas monopolísticas ilegales de compañías como Alphabet (Google), Amazon y Microsoft. El último capítulo es una demanda de gran calado anunciada este jueves por el fiscal general, Merrick Garland, contra Apple por mantener un coto cerrado sobre su producto estrella, el iPhone. Los fiscales han comparado la demanda con otros grandes casos antimonopilio históricos, como los presentados contra AT&T y Microsoft. Las acciones de Apple han caído en Bolsa este jueves un 3%. Para una compañía valorada en cerca de 2,7 billones de dólares, eso es un mordisco de más de 80.000 millones de dólares.
La nueva demanda, de 88 páginas, ha sido presentada por el Departamento de Justicia y los fiscales generales de 16 Estados ante un tribunal federal de Nueva Jersey. En ella, acusan al gigante tecnológico de violar las leyes antimonopolio al bloquear a sus rivales el acceso a las funciones de hardware y software de su teléfono inteligente, de modo que entorpece su capacidad para ofrecer productos y servicios alternativos a los de la propia compañía dirigida por Tim Cook.
“Apple ha mantenido un poder de monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes, no simplemente por ir por delante de la competencia en los méritos, sino por violar la ley federal antimonopolio. Los consumidores no deben pagar precios más altos porque las empresas infrinjan la ley”, ha dicho Garland en una comparecencia junto a su equipo de fiscales. “Si no se le hace frente, Apple seguirá reforzando su monopolio de los teléfonos inteligentes”, añade el fiscal general. Apple tiene una cuota del 70% en el mercado estadounidense de teléfonos inteligentes de alto rendimiento. “Apple ha mantenido su poder, no por su superioridad, sino por su comportamiento ilegal de exclusión” sostiene Garland.
La demanda no solo afecta al lucrativo negocio de servicios de Apple, sino que va de lleno al corazón de su modelo de negocio, en que los usuarios forman parte de una red en la que, de alguna forma, están atrapados y dependen de lo que les ofrezca la compañía. En caso de prosperar puede implicar no solo multas y compensaciones económicas, sino también cambios de gran trascendencia en la forma en que opera.
Apple considera que la acción está equivocada “desde el punto de vista de los hechos y de la ley”. “Esta demanda amenaza lo que somos y los principios que distinguen a los productos de Apple en mercados ferozmente competitivos. Si prosperara, obstaculizaría nuestra capacidad de crear el tipo de tecnología que la gente espera de Apple, en la que el hardware, el software y los servicios se entrecruzan. También sentaría un peligroso precedente, al facultar al Gobierno para intervenir de forma contundente en el diseño de la tecnología de la gente”, ha indicado en un comunicado.
Precios más altos
“Apple ha empleado una estrategia basada en una conducta anticompetitiva excluyente que perjudica tanto a los consumidores como a los desarrolladores”, ha continuado Garland. “Para los consumidores, esto ha supuesto menos opciones, precios y tarifas más elevados, smartphones, aplicaciones y accesorios de menor calidad y menos innovación por parte de Apple y sus competidores. Para los desarrolladores, eso ha significado verse obligados a jugar con reglas que aíslan a Apple de la competencia y, como se indica en nuestra demanda, alegamos que Apple ha consolidado su poder de monopolio, no mejorando sus propios productos, sino empeorando los de los demás”, ha dicho.
Según el Departamento de Justicia, Apple lleva a cabo su conducta anticompetitiva excluyente de diversas maneras. En primer lugar, Apple impone restricciones contractuales y tarifas que limitan las características y funcionalidades que los desarrolladores pueden ofrecer a los usuarios de iPhone. En segundo lugar, Apple restringe selectivamente el acceso a los puntos de conexión entre las aplicaciones de terceros y el sistema operativo de los iPhones, degradando la funcionalidad de las aplicaciones y accesorios que no son de Apple. Como resultado, durante la mayor parte de los últimos 15 años, Apple ha recaudado lo que Garland ha llamado “un impuesto en forma de comisión del 30%” sobre el precio de cualquier aplicación descargada de la App Store. Apple también ha suprimido la aparición de programas como las aplicaciones de streaming en la nube, incluidas las aplicaciones de juegos, así como las superaplicaciones que podrían reducir la dependencia del usuario del propio sistema operativo de Apple, y de su costosos teléfonos, que como se ha encargado de recordar, cuestan hasta 1.600 dólares.
Mensajes, relojes y carteras digitales
“Como puede atestiguar cualquier usuario de iPhone que haya visto alguna vez un mensaje de texto verde o haya recibido un pequeño vídeo granulado, la conducta anticompetitiva de Apple también incluye dificultar que los usuarios de iPhone se comuniquen con usuarios de productos que no son de Apple. Lo hace disminuyendo la funcionalidad de su propia aplicación de mensajería y disminuyendo la funcionalidad de las aplicaciones de mensajería de terceros. De este modo, Apple degrada consciente y deliberadamente la calidad, la privacidad y la seguridad de sus usuarios”, ha afirmado.
Si un usuario de iPhone envía un mensaje a otro que no lo es mediante su aplicación de mensajes, ese texto aparece no solo como una burbuja verde, sino que incorpora funciones limitadas. La conversación no está cifrada. Los vídeos aparecen pixelados y granulados, y los usuarios no pueden editar los mensajes. “Como resultado, los usuarios de iPhone perciben los smartphones rivales como de menor calidad porque la experiencia de mensajería con amigos y familiares que no poseen iPhones es peor a pesar de que Apple es la responsable de romper la mensajería entre plataformas, y lo hace intencionadamente”, ha dicho Garland, que ha puesto también como ejemplos la dificultad de recurrir a relojes inteligentes alternativios al Apple Watch que se comuniquen adecuadamente con los iPhone o carteras digitales alternativas. “Apple anima activamente a bancos, comerciantes y otras partes a participar en Apple Wallet. Pero al mismo tiempo ejerce su poder de monopolio para impedir que esos mismos socios desarrollen productos y servicios de pago alternativos para los usuarios de iPhone”, ha afirmado.
“Cada paso en la línea de conducta de Apple construyó y reforzó el foso alrededor de su monopolio de teléfonos inteligentes”, sostiene la demanda, que acusa a la compañía de utilizar su posición dominante para obtener más dinero de consumidores, desarrolladores, creadores de contenidos, artistas, editores, pequeñas empresas y comerciantes.
Una “valoración astronómica”
La demanda empieza exponiendo una comunicación interna de Apple en que un alto ejecutivo avisaba a Steve Jobs de lo fácil que había sido para una usuaria cambiarse del sistema operativo de Apple al de Android con su aplicación de lectura Kindle. “No es divertido verlo”, decía. “Apple ha respondido repetidamente a amenazas competitivas como esta haciendo más difícil o más caro que sus usuarios y desarrolladores se vayan que haciendo más atractivo que se queden”, dice el texto.
“Durante muchos años, Apple ha creado una plataforma y un ecosistema dominantes para el iPhone que han impulsado la astronómica valoración de la empresa. Al mismo tiempo, ha comprendido desde hace tiempo que las tecnologías disruptivas y las aplicaciones, productos y servicios innovadores amenazaban ese dominio haciendo que los usuarios dependieran menos del iPhone o facilitando el cambio a un smartphone que no fuera de Apple”, señala la demanda. “En lugar de responder a las amenazas de la competencia ofreciendo precios más bajos a los consumidores o una mejor monetización para los desarrolladores, Apple se enfrentaría a las amenazas de la competencia mediante la imposición de una serie de normas y restricciones cambiantes en sus directrices de la App Store y en los acuerdos con los desarrolladores que permitirían a Apple cobrar tarifas más altas, frustrar la innovación, ofrecer una experiencia de usuario menos segura o degradada y estrangular las alternativas competitivas”, añade.
Esta es la tercera vez en los últimos 14 años que el Departamento de Justicia demanda a Apple por infracciones contra la competencia, aunque se trata del caso de más calado. En 2010, la empresa aceptó resolver las acusaciones de que había acordado ilegalmente no contratar a empleados de Google, Adobe o Pixar, filial de Disney. Dos años después, el Departamento de Justicia demandó a Apple y a los editores de libros por fijar ilegalmente el precio de los libros electrónicos vendidos en el iPad. Después de que el Departamento de Justicia ganara el juicio, Apple se vio obligada a cambiar ciertas prácticas para mejorar su cumplimiento de la legislación antimonopolio.
Apple hace frente también a demandas de sus competidores. La ofensiva se ha intensificado esta semana cuando Meta, Microsoft y la red social X se han unido a las quejas de Epic Games, el fabricante del videojuego Fortnite, de que Apple ha incumplido una orden judicial que regula los pagos en su tienda de aplicaciones.
Epic demandó a Apple en 2020, alegando que violaba la legislación antimonopolio al obligar a los consumidores a obtener aplicaciones a través de la App Store y cobrar a los desarrolladores hasta un 30% de comisiones por las compras. La orden judicial exigía a Apple que permitiera a los desarrolladores proporcionar enlaces y botones para dirigir a los consumidores a opciones de pago alternativas. La semana pasada, Epic exigió que se declarara a Apple en desacato, alegando que las nuevas normas y una nueva tasa del 27% impuesta a los desarrolladores hacían que los enlaces fueran en la práctica inútiles.
El Departamento de Justicia presentó dos demandas contra Google. Una, todavía con Donald Trump en la Casa Blanca, acusaba a la empresa de supuesto abuso de su posición dominante en el mercado de los buscadores, que ha ido a juicio y está a la espera de sentencia. Otra fue presentada por el actual fiscal general por la actuación monopolística de la empresa en el mercado de la publicidad digital y se sigue tramitando. La FTC intentó parar sin éxito la compra de la firma de videojuegos Activision por Microsoft con otra acción judicial. Además, en septiembre pasado, demandó a Amazon, acusándola de restringir ilegalmente la competencia y con ello “inflar los precios, degradar la calidad y hurtar la innovación a consumidores y negocios”.
