Reunida en Santo Domingo, la Dirección Nacional de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional decidió expresar su más enérgico rechazo al nuevo intento de embarcar a la sociedad en otra reforma coyuntural de la Constitución de la República, buscando satisfacer la renuencia del presidente Danilo Medina a aceptar el final de su gestión después de dos períodos consecutivos, como está instituido.
Cuando se inicie la próxima legislatura faltarán apenas 6 semanas para las elecciones primarias del 6 de octubre, en las que estarán empeñados casi todos los actuales legisladores y que representan un desafío a la institucionalidad democrática y para la Junta Central Electoral, por lo que sería inoportuno y festinado un debate de reforma constitucional.
A sólo 9 meses de la elección de un nuevo Congreso Nacional, con las primarias y dos elecciones generales a realizarse durante el mismo lapso, sería un despropósito emprender una reforma constitucional como la propuesta de 11 puntos. Menos justificable aún por cuanto la gran mayoría de los actuales legisladores fueron responsables de la Constitución del 2010, precedida de consultas por más de un año, y de la reforma oportunista y festinada del 2015, con el único objetivo de permitir una segunda postulación presidencial del presidente Medina.
Si el presidente de la República dijo en su discurso del 22 de julio que siempre ha sido partidario del sistema instituido en la Constitución que él mismo promulgó hace apenas cuatro años, de permitir que un presidente de la República sólo pueda optar por un segundo período consecutivo y nunca más, no se puede entender ni justificar que ahora que lo termina haya que hacer una excepción para que pueda postularse de nuevo a partir del 2024. Él, como todos los ciudadanos, tiene que estar sujeto al imperio de la Constitución.
Y si alguna reforma corresponde cuando haya condiciones, debe ser para impedir que un presidente modifique la carta magna en beneficio propio. Debemos proscribir para siempre las reformas oportunistas y entender que la Constitución de la República es el mayor pacto social y que, como tal, debe ser fruto de amplias consultas e impoluto consenso nacional.
Es falso el alegato de que se impone a la carrera reunificar las elecciones, por en el costo adicional que supone la separación, ya que con la reforma constitucional de 1994 las elecciones presidenciales quedaron separadas de las congresuales y municipales y así se hizo en 1998, 2002, 2006 y 2010.
La diferencia en la Constitución del 2010 fue que en vez de ser cada dos años, la separación de las municipales será ahora de tres meses, lo que fue ampliamente debatido y adoptado bajo el criterio de que contribuye a relevar la importancia de los gobiernos locales, y a reducir la concentración del poder que arrastra el presidencialismo tradicional.
Es, además, un contrasentido poner en manos de esa Asamblea Revisora, integrada mayoritariamente por legisladores del PLD, enlodados con el soborno de Odebrecht (al decir de su propio Presidente) y miembros de la organización política que personifica la corrupción, la falta de transparencia y los anti valores democráticos y republicanos, una reforma que alegadamente tratará también sobre el fortalecimiento del poder judicial y la lucha contra la corrupción.
Esperamos que la propuesta de reforma quede superada al inicio de la próxima legislatura, y advertimos que si se somete el proyecto al Congreso, convocaremos a todas las fuerzas sociales y políticas a rechazarlo con movilizaciones tan intensas como las que frenaron el reciente intento de habilitar al presidente Medina para que procurara un tercer período de gobierno consecutivo.
