La importancia de las leyes electorales en la República Dominicana
Un proceso electoral en peligro
Tabla de contenido
Al finalizar la legislatura anterior, se planea someter ambos proyectos durante la nueva legislatura que comienza el 27 de febrero. La Junta Central Electoral ha señalado que se necesitarían al menos dos años con ambas leyes aprobadas para llevar a cabo las elecciones programadas para febrero y mayo de 2020.
La urgencia de actualizar las leyes electorales
Es crucial no volver a un proceso electoral con una ley obsoleta y la falta de una ley de partidos que ha sido objeto de manipulación por parte de los partidos políticos y diversos sectores de la sociedad durante mucho tiempo.
El consenso de la oposición democrática
La oposición democrática del país ha consensuado tanto el proyecto de ley de partidos como los aspectos fundamentales de la reforma a la ley electoral 275-97. Sin embargo, es el Partido de la Liberación Dominicana y su comité político los que han obstaculizado su aprobación.
El peligro para la institucionalidad y la democracia
El comportamiento del PLD pone en riesgo la institucionalidad y la democracia del país al mantener un control casi absoluto sobre las instituciones estatales. Esto se refleja en su influencia sobre la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, el Congreso y la Suprema Corte de Justicia.
El riesgo de un nuevo fraude electoral
Existe la posibilidad de que el PLD manipule ambos proyectos de ley para su beneficio, lo que podría resultar en un nuevo fraude electoral similar a los ocurridos en 2012 y 2016. Esto permitiría al partido seguir manteniendo el control del Estado y continuar con la impunidad.
Llamado a la oposición y la sociedad democrática
Si el PLD no avanza con ambas iniciativas legislativas, se sugiere que la oposición y la sociedad democrática se abstengan de participar en el próximo proceso electoral. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en un proceso electoral manipulado que llevaría al país a una situación de ingobernabilidad total.