Duro revés a la lucha por los derechos de los migrantes en Estados Unidos. Con un balance de 6 jueces a favor y 3 en contra, el máximo órgano del Poder Judicial en el país permitió la aplicación de la ley que permitirá a los policías texanos detener arbitrariamente y procesar a cualquier persona que no pueda demostrar su estatus migratorio, al menos por ahora.
La normativa podrá entrar en vigor mientras son escuchados los argumentos de una demanda presentada por el Gobierno del actual presidente, Joe Biden y por algunas organizaciones que defienden los derechos de los migrantes.
Un día antes, el juez Samuel Alito había decidido alargar el dictamen que prohibía a Texas la aplicación de la normativa, mientras esta misma pasaba a discusión sobre su constitucionalidad en el Quinto Circuito de Apelaciones, como lo indicaba la demanda de la Administración federal. Pero este martes la mayoría conservadora en el organismo cambió de parecer.
La parte conservadora del tribunal, encabezada por los jueces Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, compartió una opinión concurrente con que su voto se razona por temas de protocolo y temporalidades, ya que la “suspensión administrativa” de la ley impuesta por el tribunal de apelaciones debía ser de “corta duración”, lo que no significa que los jueces estén de acuerdo con el contenido de la norma.
Barrett también explicó que el Gobierno federal podría presentar otra apelación en el caso de que el análisis de constitucionalidad realizado por el Quinto Circuito de Apelaciones no llegue a un cierre concreto “pronto”.
En paralelo, la jueza Sonia Sotomayor, única latina en el magisterio, expresó su rechazo ante la decisión. “Hoy, el tribunal invita a más caos y crisis en la aplicación de las leyes de inmigración”, manifestó, tras el voto, en una nota, firmada también por su colega Ketanji Brown Jackson.
“México no aceptará repatriaciones por parte del estado de Texas”
Uno de los temas más cuestionados de la agresiva legislación decretada por el republicano Abbott es que propone un sistema de deportaciones estatal, lo que contradice el principio del sistema migratorio estadounidense actual, donde todas las facultades legislativas y operativas en referencia a la migración recaen exclusivamente sobre la figura del Gobierno federal.
En este sentido, la Secretaría de Exteriores mexicana rechazó la entrada en vigor de la ‘SB4’, argumentando que fomenta la materialización de “expresiones de odio, discriminatorias y de perfilamiento racial”.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, expresó la Cancillería a través de un comunicado publicado en su perfil de X.
De igual forma, el comunicado expuso de forma explícita que México no aceptará “bajo ninguna circunstancia” deportaciones procedentes de Texas, algo que pone en duda el futuro de quienes queden a merced de la nueva legislación migratoria.
La política migratoria texana ha protagonizado numerosos desacuerdos diplomáticos con la Ciudad de México, desde donde subrayan la existencia de más de diez millones de nacionales mexicanos en territorio texano, enfatizando su importancia como parte activa de dicha sociedad y su dignidad como personas migrantes.
La Casa Blanca hizo eco de las reacciones mexicanas, sosteniendo su rechazo al extremismo impulsado por el Gobierno de Greg Abbott, remarcando que las responsabilidades ante la política migratoria dentro del territorio estadounidense son competencia únicamente de Washington.
“La normativa no solo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur”, expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a través de un comunicado a la opinión pública.
La ‘SB4’, bajo el foco público
Firmada el pasado 19 de diciembre por el gobernador texano, la ley ‘SB4’ fue parte de un paquete legislativo con tres ordenamientos judiciales distintos enfocados a la intensificación de las restricciones migratorias dentro del estado de la estrella solitaria, siendo la ‘SB4’ la normativa migratoria más extrema en la historia de Estados Unidos.
Aunque tiene elementos parecidos a la ‘SB1070’ propuesta por el Gobierno de Arizona en 2010 (normativa que fue invalidada como inconstitucional por la Corte Suprema estadounidense dos años después), la ‘SB4’ no se restringe a otorgarle facultades migratorias a los agentes de la Policía estatal, sino que criminaliza el ingreso y reingreso irregular al territorio, con penas de hasta 20 años de prisión a quien sea declarado culpable.
La ‘SB4’ plantea un escenario frente al que los mismos policías texanos se mantienen escépticos.
“Muchos de los jefes de Policía local aquí no creemos que (la ley) sobrevivirá a un desafío constitucional. No parece que vaya a hacerlo, porque un oficial de paz de Texas no está capacitado. No tenemos ningún tipo de formación para determinar si un individuo está aquí en este país legalmente”, mencionó Eddie Guerra, sheriff del condado de Hidalgo, en Texas.
La lógica detrás de la implementación de esta controvertida norma, para Greg Abbott, es el manejo de la situación fronteriza por parte de la Administración Biden, que ha sido altamente cuestionada por numerosos gobiernos estatales conservadores, que resaltan los números récord de cruces migratorios irregulares durante el periodo del actual presidente estadounidense.
Con AP, EFE, Reuters y medios locales
