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JUAN T H

Altice

La República Dominicana, de la mano del Partido de la Liberación Dominicana y de su presidente Danilo Medina, se ha colocado como uno de los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional; de igual modo comparte con México el segundo lugar en fraudes electorales, aunque los aztecas han avanzado en ese sentido, pues el Ministerio Público tiene un nivel de independencia desde hace unos dos años, lo cual no sucede en el nuestro. Otros organismos extranjeros aseguran que la corrupción le cuesta a este pobre país alrededor de un 4% de su PIB, más de 150 mil millones de pesos todos los años, lo cual impide su desarrollo, pero garantiza la acumulación de capitales a un puñado de dirigentes políticos y funcionarios ladrones que jamás podrán explicar el origen de sus incalculables fortunas en tanto la marginalidad y la pobreza se desvela en los barrios de las principales ciudades, con un déficit habitacional que supera el millón 500, una inversión en salud pública  que no llega al 2% cuando la media en la región es del 5%. El endeudamiento externo no puede ser mayor. Dañino Medina –que intenta mantenerse en el poder por las buenas o por las malas, con votos o con botas- ha tomado más dinero prestado que todos los presidentes que ha tenido el país desde la proclamación de su independencia en 1844.

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La extinta presidente de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios dijo que con lo que se han robado los funcionarios públicos se puede construir otra República Dominicana, más próspera y desarrollada. (¡Pa’ que sepan!)

Según el estudio de Transparencia Internacional, al 46% de los dominicanos admiten que le  han comprado su cédula,  a plena luz del día, alrededor de los recintos electorales sin que ninguna autoridad lo impida.

Participación Ciudadana comprobó la compra masiva de cédulas en el 30% de las mesas mientras los  ministros, viceministros, directores generales, embajadores, cónsules, fiscales, etc., en franca violación de la ley 41-08 de Función Pública, andaban con sus alforjas repletas de dinero del Estado haciendo lo que hacen siempre durante los comicios: ¡comprar las elecciones!

Y mientras eso ocurría, el Plan Social de la Presidencia, Salud Pública, Obras Públicas, la CDEE, Inapa, Agricultura,  Comedores Económicos, entre otros, hacían campaña en favor del candidato oficialista distribuyendo electrodomésticos, materiales de construcción, alimentos, etc., a la vista de todos.

Todas esas prácticas fraudulentas debieron servir para declarar nulas, de pleno derecho, las primarias, amén del fraude electrónico, cada vez más obvio. Pero, en ningún caso, el órgano regulador y rector, que es la Junta Central Electoral, ahora intempestivo y desafiante, intervino. ¡Jamás el delito electoral ha sido castigado en nuestro país! Lo dijo el presidente del TSE.

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Ahora hablan del Fiscal Electoral. Otra tomadura de pelo, otro engaño, otra manera de cubrir las mentiras y las trampas. ¿Cómo puede el Procurador General de la República escoger, entrenar y designar al Fiscal Electoral? ¿Con qué calidad? El Fiscal Electoral debe ser absolutamente independiente, autónomo económicamente, con una estructura jurídica, policial y militar a su servicio exclusivo, designado, no por el gobierno, sino por los actores envueltos en el proceso electoral mediante un procedimiento idóneo y transparente. De lo contrario no servirá más que para justificar las inconductas de los ladrones de elecciones.

Los partidos de oposición –si de oposición son- no deben permitir lo que pretende hacer el gobierno con el Fiscal Electoral: designar un advenedizo, oportunista, como cheque, del Comité Central del PLD o canchanchán del presidente Dañino o de cualquiera de los dueños del país.

Dejen esa vaina del Fiscal Electoral para cuando haya condiciones políticas; ahora es una trampa, es un gatopardismo cualquiera. No jodan. Lo que tiene que hacer la oposición, encabezada por Luís Abinader y el PRM, es analizar seriamente si con esta JCE y esos equipos electrónicos se puede participar en las elecciones del año próximo, y tomar una decisión valiente, cojonuda. ¡No más cementerios electorales! ¡No más fraudes! ¡No más dinero público en las calles comprando la voluntad popular! ¡Jugamos todos sin cartas marcadas o se rompe la baraja! ¡Coño!

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