Por Luis González Fabra
El crecimiento económico es la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía.
Ese crecimiento se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno o PIB. Se le considera como algo deseable porque tiene relación con la cantidad de bienes y servicios disponibles para la población.
En sentido general el crecimiento económico tiene que ver con el aumento de ciertos renglones dentro de la economía, como un mayor consumo de energía, aumento de los ahorros en los bancos, mayor inversión local y extranjera, balanza de pagos favorable, aumento del consumo de alimentos (granos, víveres, carne, leche) per cápita. El crecimiento de estos indicadores teóricamente señala una mejoría en la calidad de vida de la población.
Si nos lleváramos de esas definiciones académicas la población dominicana debería tener unos de los estándares de vida más elevados y de mayor calidad de casi todo el mundo.
El gobernador del Banco Central ya nos tiene acostumbrados a cada cierto tiempo anunciar con gran despliegue mediático el “magnifico” crecimiento de la economía en el último trimestre del año.
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Veamos esta belleza contenida en el párrafo introductorio del Listín Diario a las informaciones ofrecidas por el Gobernador del Banco Central en su reciente conferencia de prensa: “en los últimos tres meses del 2017 la economía dominicana registro un crecimiento sostenido, al pasar de 5.0 por ciento en octubre a 6.9 por ciento en noviembre y culminar (llegar) para en 7.4 por ciento en diciembre, para cerrar el trimestre con un incremento de 6.5 por ciento. Un 2.7 por ciento por encima del 3.8 por ciento acumulado en los primeros nueve meses del año¨. Y termina afirmando el funcionario que “esto permitió que a pesar del impacto de los fenómenos naturales, la Republica Dominicana cerrara el 2017 con un aumento de 4.6 por ciento de su producto interno bruto¨.
El gobernador no se atreve a decir que ese crecimiento económico no ha servido para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los dominicanos.
La economía a crecido sobre la base de un endeudamiento sostenido que ha hipotecado el país hasta el cuello.
La deuda consolidada del sector público asciende a 39 mil millones de dólares equivalente al 50 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). De esta cifra el gobierno central es responsable del 29 mil millones de dólares mientras que el Banco Central es responsable de 10 mil millones de dólares.
Esa deuda tiene un costo muy alto que hay que pagar llueva o no llueva, truene o no truene. Y ese costo representa una carga importante del gasto del gobierno.
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La política de endeudamiento a mediano plazo que sigue el Presidente Medina está empujando la economía a una situación de riesgo que hará cada vez más costosa la colocación de bonos en los mercados financieros. Esto significa que la refinanciación de vencimientos obligará a elevar la presión tributaria en busca de mayores recaudaciones, agravando a mediano plazo el problema fiscal.
El Fondo Monetario Internacional le está preparando el terreno al gobierno para que imponga nuevos impuestos a la población al declarar públicamente que el país necesita una fuerte reforma fiscal.
Cuando aquí se habla de “reforma fiscal” es lo mismo que decir más impuestos para la clase media.
Y este gobierno botarate necesita continuamente más dinero porque la calidad de su gasto es muy pobre y no invierte con eficiencia el dinero de los contribuyentes.
Antes de hablar de ajuste fiscal el gobierno tiene que reducir sus gastos. Revisar su nómina parasitaria. Detener la corrupción administrativa. Eliminar el clientelismo. Dejar de financiar los caprichos de los legisladores. Reducir las exenciones fiscales al empresariado. Establecer con claridad las prioridades para la inversión pública. Practicar la transparencia en el gasto.