Octubre inició con la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU para desplegar una fuerza internacional en Haití, en medio de la crisis de seguridad que vive el país, donde las pandillas controlan la mayor parte de Puerto Príncipe, la capital.
La resolución fue aprobada con 13 votos a favor y dos abstenciones, correspondientes a China y Rusia, sin ningún voto en contra. Se trata de un “consenso” inusual tras meses de gran división geopolítica entre los 15 miembros del Consejo.
La petición sobre la intervención en Haití fue hecha hace un año por el Gobierno del primer ministro, Ariel Henry, quien no fue elegido mediante las urnas pero desempeña las labores del Ejecutivo.
El presidente Jovenel Moïse fue asesinado en julio de 2021, momento desde el cual se ha deteriorado la seguridad del país ante la falta de legitimidad del Gobierno.
Este despliegue policial, que no se espera sea inmediato, ha sido fuertemente rechazado por los haitianos durante violentas protestas, ya que no se trata de la primera intervención internacional.
Un llamado de auxilio
Fuerzas de paz brasileñas de la ONU en Cité Soleil, el 21 de junio de 2009 en Puerto Príncipe. Thony Belizaire / AFP
El pasado 22 de septiembre, el primer ministro Henry dijo ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York que la intervención era “urgente” y que pedía apoyo firme, especialmente para la población más vulnerable de Haití.
“En nombre de las mujeres y niñas violadas cada día, de las miles de familias expulsadas de sus hogares, de los niños y jóvenes de Haití, a quienes se les ha negado el derecho a la educación y a la instrucción, en nombre de todo un pueblo que es víctima de la barbarie de las pandillas, insto a la comunidad internacional a actuar rápidamente”
Por su parte, António Guterres, secretario general de la ONU, había respaldado la solicitud de la intervención militar luego de visitar el país en julio.
El representante de la organización dijo previamente que si no se actuaba oportunamente, “generaciones enteras de haitianos” sufrirán consecuencias irremediables.
Estados Unidos y algunos vecinos como Antigua y Barbuda, Bahamas y Jamaica, habían instado a la comunidad internacional para respaldar la intervención de las fuerzas extranjeras.
La misión del cólera
La propuesta de intervención ha causado el descontento de miles de haitianos debido a la MINUSTAH, una misión que operó entre 2004 y 2017, y que logró desplegar unos 11.000 efectivos, entre cascos azules y policía.
El primer ministro de Haití, Ariel Henry, pronuncia un discurso ante la 78va sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (AP Foto/Craig Ruttle)
Durante los casi 13 años que se mantuvo activa, la MINUSTAH luchó en contra de la violencia y la inestabilidad del país, además de contribuir durante el devastador terremoto del 2010, que dejó unos 220.000 muertos, incluyendo 96 soldados de la organización internacional.
Sin embargo, en 2017 el Consejo de Seguridad decidió suspender la misión, debido a fuertes escándalos de corrupción, abusos sexuales y acusaciones a los soldados de la ONU por causar una epidemia de cólera.
Los soldados arrojaban sus desechos al agua que consumía la población civil, causando la propagación del virus que acabó con la vida de unas 10.000 personas.
La ONU aceptó su responsabilidad en los hechos unos meses después de la culminación de la misión.
La primera operación de la ONU en Haití fue en 1993. Se calcula que en totañ han sido unas doce las que han tenido como objetivo llevar paz y estabilidad al país más pobre de América.
La ONU ha dicho que esta vez será diferente
Policías haitianos en Puerto PríncipeRicard Pierrin / AFP
A diferencia de las pasadas intervenciones, la recientemente aprobada no estaría bajo el control de la ONU sino por Kenia, luego de prometer el despliegue de unos 1.000 agentes militares.
La ONU estima que la pandillas controlan un 80% de Puerto Príncipe, donde secuestros, extorsiones, asesinatos e incluso el corte de suministros de alimentos y combustible aterrorizan a los haitianos a diario.
El Ejército y la Policía de Haití no tienen la cantidad de personal suficiente ni mucho menos un equipamiento adecuado para tratar de contemplar una escalada de violencia que ya deja unos 3.000 muertos y 200.000 desplazados en lo que va de 2023, según cifras de la ONU.
Con EFE y medios locales
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