Por Roberto Valenzuela
La forma en que el sistema de justicia dominicano ha conocido el caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SENASA) constituye un hecho relevante para la institucionalidad democrática del país. El proceso se ha desarrollado sin señales de interferencia del poder político, lo que reafirma el principio constitucional de separación de poderes.
La denuncia inicial fue presentada por la opositora Fuerza del Pueblo y, a partir de ese momento, las autoridades judiciales asumieron el caso conforme a los procedimientos establecidos. El presidente de la República, Luis Abinader, permitió que los órganos competentes actuaran con autonomía, sin que desde el Poder Ejecutivo se condicionara, frenara o direccionara el curso del proceso.
Desde una perspectiva histórica, este comportamiento representa una diferencia sustancial respecto a prácticas observadas en el pasado reciente. Durante mis años como reportero del Palacio Nacional, desde los gobiernos de Hipólito Mejía hasta Danilo Medina, rara vez se vio que procesos judiciales contra personas cercanas al poder avanzaran sin interferencias políticas evidentes.
El precedente que deja el caso SENASA apunta a un objetivo fundamental: consolidar un modelo en el que la justicia opere con independencia, independientemente de quién ocupe el poder. Esto implica dejar atrás una tradición en la que la política intervenía directa o indirectamente en el funcionamiento del sistema judicial.
En la actualidad, la República Dominicana muestra señales claras de un cambio institucional. El Ministerio Público actúa conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, mientras que los tribunales son los únicos llamados a juzgar y decidir. El Poder Ejecutivo, por su parte, no asume el rol de árbitro ni de protector de intereses particulares.
Algunos elementos refuerzan esta lectura institucional:
• El presidente Abinader ha manifestado que el Poder Ejecutivo no interfiere en la selección de los casos que se investigan ni en las decisiones que adoptan los órganos judiciales.
• El Ministerio Público desarrolla sus actuaciones con apego a la ley y bajo el control de los tribunales.
• El presidente Abinader no coloca el impacto político de los procesos judiciales por encima del cumplimiento del debido proceso y la transparencia.
• Que un caso vinculado a una institución estratégica como SENASA sea conocido por la justicia demuestra que la rendición de cuentas es un principio operativo.
• Otra de las cosas que ha dejado claro Luis Abinader es que el proceso judicial no compromete la continuidad ni la estabilidad del servicio, sino que puede contribuir al fortalecimiento de los controles, la supervisión y la gestión institucional.
Durante años, situaciones similares se resolvían mediante silencios administrativos, archivos discrecionales o traslados internos. En el contexto actual, la aplicación de la ley no distingue entre aliados, funcionarios o adversarios políticos.
Cuando la justicia actúa con independencia, el Estado de derecho se fortalece y se refuerza la confianza ciudadana en las instituciones. El caso SENASA, más allá de sus resultados específicos, se convierte así en una referencia importante para la consolidación democrática y el respeto a la legalidad en la República Dominicana.
