Por Franklin Rosa
La conformación de la Junta Central Electoral –JCE- siempre se presenta como el primer problema político que tiene que asumir todo nuevo gobierno, la Ley Electoral así lo determina, su período de gestión es de 4 años.
Los actores principales del proceso electoral son los partidos políticos y deben tener plena confianza en quienes van a manejar las elecciones y quiénes son los que les contaran sus votos.
Antes de la modificación de la Ley Electoral No. 275-97, la JCE, era batuta y constitución pues reunían los aspectos administrativos y contenciosos del proceso, por lo tanto era un verdadero tribunal y todos sus miembros eran magistrados, por Ley tenían que ser abogados.
Con la modificación por la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19 se creó el Tribunal Superior Electoral, con las atribuciones contenciosas, y dejando a las Juntas Electorales municipales, como Tribunal de Primera Instancia
Con la modificación de la Ley Electoral el carácter colegiado de la Junta Central Electoral fue alterado de manera peligrosa afectando las funciones y responsabilidades del Pleno de la Junta Central Electoral, situación que hay que modificar en un futuro inmediato.
En este proceso de selección de una nueva Junta Central Electoral como problema político del nuevo gobierno; en nuestra historia reciente se han usado todas las fórmulas desde Junta independiente, Junta cuasi oficial del partido gobernante, Junta consensuada parcialmente con algunos partidos políticos o con todos los partidos políticos mayoritarios que se suele llamar el método del reparto.
Todas estas Juntas Electorales con la vieja Ley donde los delitos y los crímenes electorales no tenían consecuencias legales eran muy permisibles a los desmanes del gobierno y casi siempre, en lo contencioso, nunca le favorecía a la oposición.
La saliente Junta Central Electoral, los famosos independientes, además de la ineptitud de como manejaron el proceso electoral fallido, al suspender la votación automatizada a horas de empezar las votaciones, la mayoría de los miembros estaban subordinados al gobierno y no fueron capaces de enfrentar los delitos electorales del partido del gobierno durante la campaña y de asumir una actitud responsable frente al fracaso del proceso lectoral del 16 de febrero.
Esa misma experiencia se vivió con El Tribunal Superior Electoral que manipularon a su antojo la mayoría de sus decisiones y los fiscales electorales practicaron la impunidad frente a las denuncias de los delitos y crímenes electorales del gobierno y del partido oficial el PLD.
Todos conocemos que en un régimen con una Junta Electoral parcializada los mayores crímenes y delitos se comenten antes de los procesos electorales, un ejemplo vivo e histórico, fue la compra por el PLD del PRD que conllevo a la división del PRD y su transformación en una entelequia política, esto fue un crimen electoral, y fue orquestado por gobierno del presidente Leonel Fernández.
El barrilito, el cofrecitos y la política clientelar que desarrollaron los gobiernos peledeistas son también crímenes y delitos electorales que deforman y enajenan la intención del voto del ciudadano.
Están dadas las condiciones para que el Senado de la República haga el trabajo político que le toca al nuevo gobierno de consensual con las diferentes fuerzas políticas las personas probas, capaces y con las experiencias necesarias para conducir un proceso electoral transparente.
La experiencia política de los candidatos a formar la nueva Junta Central Electoral no puede ser obstáculo para su elección. Los miembros de la Junta Central Electoral al recibir el juramento solemne del cargo se deben a la Constitución, al pueblo y sus instituciones y su independencia debe ser sagrada y respetada por el gobierno de turno.
En este concepto consideramos que el Lic. Eddy Olivares puede presidir la Junta Central Electoral, su capacidad y experiencia en este organismo lo califica como uno de los expertos más destacado en materia electoral que tiene el país.
En la lista de participantes conocemos a los abogados santiagueros Julio Cesar Sepúlveda con un excelente currículo profesional y amplias experiencias administrativas y al abogado Rafael Armando Vallejo , ex miembro de la Junta Central Electoral y con una gran experiencia en su ejercicio profesional y al capitaleño abogado Luis Felipe Rosa Hernández con un currículo completo y con una hoja de servicio comunitario y de participación responsable cuando el terror y la muerte circundaban la actividad política.
Estos profesionales están muy calificados para asumir con responsabilidad la integración de la nueva Junta Central Electoral
Sin buscar independientes que nunca se han comprometido con nada, que nunca han defendido nada y que llevan la etiqueta de independientes, se puede formar una Junta Central Electoral con personalidades que siempre han estado comprometidos con la lucha social y política de nuestro pueblo.
